La salvadoreña Teodora Vásquez pasó 11 años encarcelada bajo la severa ley antiaborto en su país, y al salir por una conmutación de pena, hace un dramático llamado a las autoridades de su país a cambiar una legislación que considera severa e injusta.
El 15 de febrero, luego de permanecer diez años y 11 meses en la cárcel, Teodora, de 34 años, fue liberada luego de que la Corte de Justicia le conmutó la pena que purgaba desde el 2007, tras un parto que se produjo antes de tiempo y que la llevó a ser condenada por “homicidio agravado”.
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Actualmente, en El Salvador, hay 27 mujeres encarceladas por abortos, muchas de las cuales sufrieron emergencias obstétricas, a raíz de una legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas.
“Pido que se verifique todo eso (el encarcelamiento) y que se pueda de alguna manera ver cómo hacemos entre todos para que las mujeres no tengan que entrar más a las cárceles (por esta causa)”, reflexiona la salvadoreña.
Para Vásquez, los 11 años que pasó encarcelada fue una etapa de angustia y desesperación donde hasta “la más fuerte llora”.
“Fueron los momentos más tristes, más angustiosos, porque en el penal se vive una gran desesperación. No todas sales sanas de ese lugar”, comenta Teodora con lágrimas en sus ojos.
“(El perder a mi hija) me ha marcado para siempre. Me sentía orgullosa de que iba a ser madre de dos hijos, para mí eso era lo más emocionante, pero lastimosamente mis sueños fueron frustrados”.
“Decir cárcel es lo más fácil que pueda haber, pero vivirlo en carne propia a uno lo marca para siempre, es lo peor que le puede pasar a una persona”, confiesa.
Lejos del hogar
Estando en la cárcel, la mayor impotencia que sintió fue no poder acompañar en el inicio de su vida a su otro hijo, que dejó cuando este tenía cuatro años.
“El no poder tener contacto con él es lo que a mí más me llenaba de tristeza y dolor”, relata.
Cuando el abogado que defendía su causa le adelantó que su pena había sido conmutada, le volvió la vida, según cuenta.
El día en que fue liberada, Vásquez, quien pertenece a una comunidad rural del empobrecido municipio de Tacuba, en el oeste del país, fue recibida por su familia. Ellos la recibieron con ropa nueva y un almuerzo.
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Para Teodora, en El Salvador, “las mujeres pobres están abandonadas” por el sistema público hospitalario, que en lugar de ayudarlas, las denuncia cuando sufren emergencias obstétricas.
Ante ese trato desigual, ella afirma que lo justo es “que haya igualdad, porque no podemos pesar unas más que otras. Somos mujeres y no somos diferentes entre nosotras”.
Mientras estuvo encarcelada, Teodora cursó desde cuarto grado de escuela primaria hasta completar el bachillerato, y obtuvo 30 diplomas de diferentes oficios con los cuales busca trabajo para ayudar a su familia.
Pero también anhela estudiar derecho en una universidad para defender a las mujeres.
“Es uno de mis mayores sueños, es algo que yo me he propuesto, luchar por ellas”, dice.
La dureza de la ley salvadoreña trascendió en el 2013 con el caso de Beatriz, una joven de 22 años que padecía lupus y a la que se le impidió abortar a pesar de que el feto no había desarrollado el cerebro y estaba condenado a morir al nacer.
El 3 de junio del 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de El Salvador autorizó que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana y el recién nacido murió horas después.