Crisis humana en la frontera con México seguirá pese a decreto de Trump

El Paso, Estados Unidos. Los inmigrantes que fueron separados de sus hijos tienen la mirada vacía porque no pueden creer que el gobierno estadounidense les haya quitado a sus niños, según abogados que dudan que las familias se reúnan en un corto plazo debido al caos que modela la vida en la frontera con México.

“Cuando hablo con los padres, siento que miran a través de mí, porque no consiguen entender, no pueden aceptar, no pueden creer que no sepan dónde están sus hijos y que el gobierno estadounidense se los haya quitado”, dijo a la AFP Jodi Goodwin, una abogada de migración en Texas.

“Es increíblemente desgarrador y es un horrendo desprecio al debido proceso”, añadió la abogada del Migrant Center for Human Rights, que ha trabajado como voluntaria en la frontera desde 1995.

Más de 2.300 niños fueron separados de sus padres y detenidos en centros de la patrulla fronteriza desde que el presidente Donald Trump implementó en abril una política de “cero tolerancia”, con la idea de desalentar a los inmigrantes que llegan por la frontera sur.

Pero las críticas a la inmoralidad que implica detener a niños e incluso a bebés solos, en jaulas, sin nadie que los reconforte alcanzaron tal nivel que el miércoles el mandatario republicano firmó un decreto que revierte esta medida y ordena poner fin a la separación familiar.

Nadie sabe donde están

No obstante, la crisis humanitaria de las últimas semanas está lejos de ser nueva y aún más lejos de haber acabado.

“El solo hecho de que sea tan difícil rastrear dónde están los padres y dónde están los niños” impide que el problema se resuelva de la noche a la mañana, dijo Goodwin, quien lleva los casos de seis solicitantes de asilo que perdieron hace semanas el rastro de sus hijos.

“Reunificar la unidad familiar será una tarea difícil”, añadió, explicando que la institución que tiene la custodia de los niños retenidos en refugios no está sincronizada con las autoridades migratorias como para que haya una información fluida.

“El sistema es muy desorganizado, caótico”, describió. “Todos, desde la patrulla fronteriza hasta los tribunales federales, pasando por los defensores públicos, los jueces, los fiscales, migración, el centro de reasentamiento de refugiados, todos están precipitándose para intentar apagar un fuego tras otro y que las cosas sigan más o menos operando”.

Los abogados agradecen la atención mediática, pero dicen que están alertando de esta situación desde hace años. La separación familiar en la frontera se remonta a diez años atrás, pero sólo en el último mes y medio alcanzó este nivel desorbitante.

Por eso miran sin gran entusiasmo el decreto de Trump, que según ellos sólo apaga otro fuego porque no elimina la detención arbitraria ni la detención de niños.

“Separar a los niños de sus padres es horrendo e indignante, pero detenerlos con ellos sigue siendo horrendo e indignante, aunque estén detenidos junto a sus padres”, dijo Andrea Guttin, directora legal de la ONG de defensa de los inmigrantes Houston Immigration Legal Services Collaborative.

Detención más larga

El problema del decreto, señaló Guttin, es que ahora las familias serán detenidas por plazos más largos que antes de que se implementara la medida “cero tolerancia”.

Añadió que esto no pondrá fin a la separación de abuelos que vinieron con sus nietos, de hermanos que llegaron sin un acompañante adulto, de tíos que cruzaron la frontera con sus sobrinos. “Estos casos han sido históricamente separados y seguramente seguirán siéndolo”, dijo la abogada.

También Barbara Hines, exprofesora de derecho de la Universidad de Texas, comparte esta postura: “No creo que el decreto de Trump sea una solución a la crisis que él y el fiscal general Jeff Sessions crearon”.

Para ella, uno de los principales problemas en la frontera es la violación de las leyes nacionales e internacionales que cometen los agentes de la patrulla fronteriza cuando tratan como criminales a los solicitantes de asilo, al detenerlos y separarlos de sus niños.

Las autoridades “seguirán procesando a los solicitantes de asilo por delitos menores como la entrada ilegal, cuando ellos de hecho pueden pedir asilo dentro de lo que requiere la ley”.