Brumadinho. El gobierno, la justicia y la opinión pública acentuaron este martes la presión sobre Vale, la minera propietaria del dique que el viernes se rompió en el sureste de Brasil dejando al menos 65 muertos y casi 300 desaparecidos, que siguen siendo buscados bajo el lodo.

La Policía detuvo a cinco ingenieros, tres de ellos funcionarios de Vale, responsables por la autorización de la mina Córrego do Feijao en el municipio de Brumadinho (Minas Gerais), donde se produjo la catástrofe.

Fueron detenidos también dos ingenieros de la alemana TÜV SÜD, que en setiembre del 2018 garantizó la estabilidad del dique.

En Brumadinho, al duelo y la angustia por los desaparecidos se suman los temores de impacto ambiental y la rabia por un desastre que muchos atribuyen a la desidia de los responsables de la seguridad de las instalaciones.

“Los muchachos que trabajan allá (en la minera) tenían miedo de ser despedidos si hablaban, pero sabían que el dique iba a reventar”, afirma Vanderlei Alves, un transportista de 52 años que trabaja del otro lado del puente, dónde hay otra mina.

El vicepresidente Hamilton Mourao –presidente interino mientras Jair Bolsonaro se recupera de una cirugía abdominal– y la fiscala general Raquel Dodge se expresaron el lunes a favor de que los responsables por la tragedia enfrentan querellas penales.

Peligro latente

Mourao inició este martes su agenda con una reunión ministerial para discutir la seguridad de los diques mineros de Brasil, después de esta segunda catástrofe en poco más de tres años.

En noviembre del 2015, 19 personas murieron cuando un dique minero cedió en el municipio de Mariana, a 125 kilómetros de Brumadinho, vertiendo millones de metros cúbicos de agua y residuos que llegaron al mar, a 660 kilómetros de distancia, por el cauce del Río Doce. Esa estructura pertenecía a Samarco, copropiedad de Vale y de la anglo-australiana BHP Billiton.

“Probablemente tendremos otros casos, que podrían ser de una amplitud menor, pero también peores. En aproximadamente el 10% de los diques del estado de Minas Gerais no se ha certificado la estabilidad o no hay suficiente información sobre seguridad”, dij Luiz Jardim Wanderley, especialista en minería de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).

Críticas

El hecho levantó críticas de instancias ambientales, de derechos humanos y de líderes políticos. También dirigió los dardos a las premisas del gobierno del ultraderechista Bolsonaro, que asumió el poder el 1°. de enero con un discurso liberal y crítico de lo que ve como excesiva meticulosidad en los controles ambientales.

Junto a la humilde iglesia de colores claros de Brumadinho, punto alto de la localidad, aterrizan los helicópteros que van depositando los cadáveres con redes, en un impresionante relevo.

Los bomberos trabajan sobre barro y arenas movedizas de hasta 15 metros de profundidad, realizando excavaciones.

A medida que el lodo se seca, la visualización y retirada de los cuerpos se ve facilitada.

La penosa labor aumenta progresivamente el balance de víctimas fatales –que pasaron de 58 a 65 el lunes–, en tanto que el de desaparecidos oscila siempre algo por debajo de los 300. En el último eran 288.

En el Cementerio das Rosas, una veintena de tumbas recién cavadas aguardan la llegada de los cuerpos. Ya hubo entierros estos días y se esperan más para hoy, pero el estado de los cadáveres, destrozados por la violencia del tsunami de barro, y las dificultades de los rescates mantienen todavía un ritmo lento.

El derrame de lodo y de residuos mineros que siguió a la rotura del dique avanzó hasta el río Paraopeba, afectando el suministro de agua potable de la aldea indígena Nao Xoha (“espíritu guerrero”) a unos 20 kilómetros del complejo minero.

El domingo “notamos que el río llegaba sucio y en la tarde comenzamos a ver peces muertos”, dijo por teléfono el cacique Háyó Pataxó Hã-hã-hãe.

La Fundación Nacional del Indio (Funai) acudió al lugar, donde viven 27 familias para llevar donaciones y prestar ayuda.

“Estamos en una situación muy seria (...). Dependíamos del río y el río murió. No sabemos qué hacer”, manifestó el cacique Háyó.

“Es muy preocupante, estamos viendo el avance de ese lodo tóxico, y la perspectiva es que avance 220 kilómetros hasta otro dique donde se dice que esos residuos mineros pueden ser represados (...) pero son proyecciones”, aseguró Marcelo Laterman, geógrafo y vocero de la campaña Clima y Energía de Greenpeace, que exige castigo para Vale por “este crimen ambiental”.

Estimaciones oficiales indican que la marejada de lodo y residuos podría avanzar aún más kilómetros hasta la represa de las Tres Marías y hay temores de que se viertan en el río San Francisco, de importancia económica y social vital.

El lunes por la noche, decenas de personas mostraron su indignación frente a la sede de Vale, en la zona sur de Río de Janeiro.

La Justicia bloqueó 11.800 millones de reales (más de $3.100 millones) de Vale para resarcir daños personales y ambientales y asegurar el pago de salarios. Las multas contra la empresa suman hasta ahora 449 millones de reales.

Las acciones de la minera brasileña se hundieron el lunes 24% en la Bolsa de Sao Paulo. Este martes, recuperaban más de 3%.