Mosul, Irak. Algunos desplazados acusados de vínculos con el grupo Estado Islámico (EI) quieren volver a sus pueblos, pero no los dejan, a otros los obligan y cuando llegan se encuentran con que sus vecinos los desprecian. Son un estorbo heredado de la guerra contra los yihadistas.

El jeque Adnan al Bazi lo tiene muy claro: "Las tribus, los familiares de los mártires y de los heridos, quienes perdieron sus hogares o fueron desplazados, que no tienen nada, no pueden aceptar a la gente del grupo Estado Islámico (EI)".

Este jefe tribal de Samarra, en la provincia de Saladino, al norte de Bagdad, considera imposible hacer volver a las familias de quienes le mataron a un hermano, un tío y un primo e hicieron volar por los aires su casa dos veces. Sobre todo porque cada semana sigue habiendo ataques contra las fuerzas de seguridad.

Desde hace dos semanas, las autoridades han transportado a 2.000 desplazados de los campamentos a sus provincias de origen de Saladino, Anbar y Kirkuk. Según la ONG Human Rights Watch (HRW) se han ido en contra de su voluntad. Vienen de la provincia de Nínive, donde se encuentra Mosul, la antigua “capital” del EI en Irak.

El objetivo es vaciar los campamentos que todavía acogen a buena parte de los 1,6 millones de desplazados del país.

La acogida en Ash Sharqat, en la provincia de Kirkuk, fue tremenda. Los campamentos fueron blanco de granadas y el domingo pasado unos hombres que tenían la intención de atacar a los desplazados acabaron hiriendo a dos soldados apostados a la entrada, según fuentes de los servicios de seguridad.

También hubo manifestaciones de habitantes contrarios a su regreso.

Las heridas siguen abiertas en un país donde casi un tercio del territorio estuvo ocupado por el EI durante tres años hasta finales del 2017, cuando los yihadistas fueron derrotados por el Ejército.

A su vuelta, estas familias se exponen a las vendettas tribales que causan estragos en las regiones sunitas. Cuando el EI llegó a mediados del 2014 cada clan eligió su bando y aquellos que lucharon contra los yihadistas exigen a las autoridades que impidan la vuelta de quienes se unieron al Estado Islámico.

Esta semana, unos jefes tribales pidieron al gobernador de la provincia de Saladino que cierre el campamento de Al Shahama, al norte de Tikrit.

Según el experto Hisham al Hashemi, se calcula que "371.000 desplazados" forman parte del entorno de los yihadistas. Entre ellos "hay 118.000 cuya reintegración parece imposible debido al rechazo" que suscitan.

En algunas regiones se ha permitido el regreso con cuentagotas de las mujeres que renegaron de sus matrimonios con yihadistas.

Clima de hostilidad

“Nadie puede parar las venganzas tribales, el Estado no puede colocar a un policía delante de la casa de cada familia para protegerla”, afirma Hashemi.

En Haditha, en la provincia de Anbar, las autoridades se han visto obligadas a actuar, informa Belkis Wille de HRW. “En cuanto llegaron (las mujeres) quedó claro que corrían peligro de muerte. Entonces, la Policía las trasladó a un colegio situado a tres kilómetros de allí”, explica. Y aún así, la escuela fue blanco de una granada.

Um Haydar, de 41 años, también acabó en un colegio, en Samarra, cuando en el 2015 se fue de su localidad de Al Ishaqi, más al sur, para huir del EI, que había secuestrado a su marido, cuenta.

Algunos desplazados se niegan a volver a casa, pero ella sueña con regresar y se lo impiden. “Las fuerzas de seguridad verificaron si nuestros nombres figuraban en sus computadoras y no encontraron nada”, asegura Um Haydar, refiriéndose a las personas buscadas por “terrorismo”.

"Pero cuando queremos volver nos dicen que somos del EI y que no nos quieren", explica en una pequeña cocina en la que cada día intenta apañárselas para alimentar a sus cuatro hijos.

“No puedo matricularlos en el colegio ni hacer ningún trámite administrativo, cada vez que lo hago me contestan: 'sois desplazados”.