Managua. La hija del opositor Eddy Montes, muerto a tiros en una cárcel de Nicaragua, denunció este viernes ante Fiscalía a las autoridades del sistema penitenciario por el fallecimiento de su padre durante un disturbio.
“Estamos aquí para buscar justicia”, afirmó a periodistas Jafet Montes, hija del opositor de doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, tras presentar la denuncia en las oficinas del Ministerio Público en Managua.
Montes, de 57 años, murió baleado el 16 de mayo durante un motín en la cárcel La Modelo, 20 kilómetros al norte de la capital, protagonizado por reos detenidos por participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Según el Ministerio de Gobernación, que supervisa los penales, Montes "fue parte del grupo de presos que se abalanzó contra personal penitenciario" y que al intentar arrebatar el arma a un centinela, este le disparó "en defensa propia".
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Opositores que salieron recientemente de prisión relataron que Montes fue baleado por un guarda del penal.
“Montes llevaba su brazo en alto, gritaba ‘¡viva Nicaragua libre!, ¡aquí no nos dejaremos vencer!’ con otras personas en el patio, pero un funcionario que estaba cerca del director le disparó”, reveló al Nuevo Diario Juan González, un opositor excarcelado el jueves.
En su demanda, la hija del opositor pidió a la Fiscalía investigar la responsabilidad en la muerte de su padre del director del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), Julio Orozco, así como de las autoridades de La Modelo.
“Estoy esperando una respuesta” de las autoridades, afirmó la joven, quien reside en Estados Unidos.
Previamente, la Policía se negó a tramitar la denuncia por la muerte de Montes, dijo la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que lleva el caso, Leyla Prado.
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Según Prado, la muerte del opositor debe ser tipificado como "un asesinato agravado porque los funcionarios hicieron uso de la fuerza contra un reo desarmado".
Al menos 325 muertos, centenares de detenidos y 62.000 exiliados ha dejado la crisis que vive Nicaragua desde abril del 2018, cuando estallaron las protestas antigubernamentales.
En los últimos tres meses, el gobierno ha enviado a prisión domiciliaria a 386 opositores y afirma que solo quedan 92 detenidos políticos, mientras que la oposición sostiene que continúan presas más de 180 personas.