Nueva Deli. Dos casos de violación conmovieron esta semana a India, uno de ellos en grupo perpetrado contra una niña musulmana de ocho años y luego asesinada, que obligan a este país del sur de Asia a confrontarse con el lado oscuro de su sociedad.
”¿Qué podemos decir de un país que ha convertido la violación colectiva y la muerte de una niña en arma política?”, se interrogaba este viernes el intelectual Pratab Bhanu Mehta en una tribuna en el diario Indian Express.
Estas dos agresiones sexuales distintas, aunque se remonten a varios meses, plantean graves problemas como sociedad que van más allá que la violencia sexual.
Estos hechos han generado manifestaciones de repudio, pero sin generar de momento un masivo movimiento similar al producido tras la violación colectiva y el asesinato de una muchacha en Nueva Deli en el 2012, en un caso que estremeció a todo el planeta.
Entonces, la clase media india se identificó con aquella estudiante de Medicina sometida a suplicio en un autobús cuando salía con un amigo del cine.
Esta vez, estos dos hechos han tenido por escenario lugares mucho más modestos y marginales.
En Uttar Pradesh, un estado grande, pobre y notoriamente corrupto del norte del país, un influyente legislador del partido del primer ministro Narendra Modi está acusado de haber violado a una adolescente en junio en el distrito de Unnao.
El caso recobró interés nacional tras la muerte, cuando estaba en detención policial, del padre de la joven. Esta intentó inmolarse con fuego ante la residencia del jefe de gobierno de este Estado, para protestar contra la Policía, a la que acusa de haber torturado a su padre, que quería proseguir las investigaciones.
Ante la presión mediática, el caso ha sido transferido a los investigadores federales del CBI (equivalente indio del FBI).
El legislador, Kuldeep Singh Sengar, desmiente las acusaciones contra él. “Se trata de personas de clases bajas. Es una conspiración de criminales”, declaró a la prensa. Hasta ahora el político no ha sido detenido.
Más al norte, en el estado indio de Jammu y Cachemira, el cuerpo de Asifa, una niña de ocho años perteneciente a una tribu nómada fue descubierto en enero en Kathua. Desapareció cuando fue al bosque a buscar poneys perdidos.
Según el acta de acusación de la Policía, publicado esta semana, la víctima fue secuestrada por habitantes locales que la mantuvieron cautiva cinco días en una cabaña y luego en un templo hindú
.Durante su detención, varios hombres -entre ellos un policía- la habrían ultrajado de forma sucesiva. Luego fue estrangulada, y su cabeza aplastada con una piedra. Ocho hombres fueron detenidos.
Según los investigadores, los hombres quisieron aterrorizar a los Bakerwals, comunidad nómada de pastores musulmanes de la que procedía la niña, para disuadirlos de venir a su región.
Esta agresión provocó airadas reacciones en el mundo político y en la sociedad civil. El primer ministro Modi, nacionalista hindú, no se ha pronunciado por ninguno de los dos casos.
En cambio, su ministra encargada de la mujer y la infancia, Maneka Gandhi, afirmó en Twitter que intentaría modificar la legislación en vigor para se castigue “con pena de muerte la violación de niños menores de 12 años”.
Deeply disturbed by incidents of rape against minors, Smt. @Manekagandhibjp and @MinistryWCD intend to propose an amendment to the POCSO Act and set a strong deterrent for perpetrators of this heinous crime. https://t.co/j50STSusLC pic.twitter.com/kTrXfmDLN6
— Ministry of WCD (@MinistryWCD) April 13, 2018
Unos 40.000 casos de violaciones son denunciados cada año en India, según las estadísticas oficiales. Los observadores consideran que ello solo representa la parte visible del iceberg debido a la intensa cultura del silencio que prevalece sobre este tema en la sociedad india.