AFP . 10 marzo, 2018

Tegucigalpa. Un juez mandó este sábado a prisión al presidente de una compañía hidroeléctrica acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, ocurrido en 2016, informaron fuentes judiciales.

La fiscalía dijo en un comunicado que el juzgado dictó "prisión preventiva" al presidente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo, la noche del sábado al cierre de una audiencia que había empezado desde la mañana del viernes.

Roberto David Castillo (centro) fue arrestado el pasado 3 de marzo, cuando pretendía abordar un vuelo hacia los Estados Unidos. Foto: AP
Roberto David Castillo (centro) fue arrestado el pasado 3 de marzo, cuando pretendía abordar un vuelo hacia los Estados Unidos. Foto: AP

Castillo, un militar hondureño retirado y egresado de la academia estadounidense West-Point, fue detenido el pasado 2 de marzo y llevado a prisión pero en la primera audiencia el juzgado tenía que definir si lo liberaba o dejaba preso, conforme a las pruebas que aportaran la defensa y la fiscalía.

En el comunicado, la fiscalía indicó que "logró recolectar la prueba técnica y científica" de que Castillo se encargó de “proporcionar la logística” a uno de los autores materiales del asesinato.

Según el procedimiento, el tribunal debe decidir ahora el inicio de un juicio oral público.

Otros ocho supuestos autores materiales están presos por el crimen, ejecutado por pistoleros que entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2016 entraron a matar en su vivienda a Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) que investigó el crimen, "saludó" la captura de Castillo y dijo que "reafirma lo dicho por la familia" de que el asesinato "respondió a un plan de vigilancia, hostigamiento y estigmatización de su rol como defensora de derechos humanos".

Añadió que el GAIPE, integrado por expertos de varios países, “constató y entregó evidencia contundente acerca de la existencia de redes que conectaban a la empresa DESA con poderes estatales, que decantó en un plan minucioso para quitarle la vida a la defensora de los ríos”.

Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras presentar denuncias contra ejecutivos de DESA por amenazarla muerte.

Con manifestaciones indígenas, la dirigente había obstaculizado la construcción de una represa por parte de la empresa en el río Gualcarque, que cruza territorio del grupo étnico lenca.