AP. 19 febrero
Niñas y adolescentes participaron en una marcha para recordar y exigir justicia en vísperas del primer aniversario de un incendio en un albergue para niños en San José Pinula, cerca de la capital.
Niñas y adolescentes participaron en una marcha para recordar y exigir justicia en vísperas del primer aniversario de un incendio en un albergue para niños en San José Pinula, cerca de la capital.

Ciudad de Guatemala. Un juez de Guatemala resolvió el martes enviar a juicio a cinco personas por encontrarlas responsables de la muerte de 41 niñas y adolescentes tras un incendio en un hogar estatal en el 2016. En ese incidente además sufrieron quemaduras 15 menores más.

Según el juez Pedro Lainez, los señalados representaban a instituciones que tenían bajo su competencia la protección de las niñas y adolescentes fallecidas.

Gloria Patricia Castro Gutiérrez, exdefensora de los derechos de la niñez y adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) fue señalada por el delito de incumplimiento de deberes. Harold Augusto Flores Valenzuela, procurador de la niñez, por incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y homicidio culposo.

Las otros inculpados son Lucinda Marroquín Carrillo, subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC) por los delitos de maltrato contra personas menores y homicidio culposo; Brenda Jullisa Chaman Pacay, supervisora del departamento contra el maltrato del Hogar Seguro Virgen de la Asunción por maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo e incumplimiento de deberes, y Luis Armando Pérez Borja, subcomisario de PNC por abuso de autoridad y maltrato contra personas menores

Al finalizar la audiencia, Marroquín se acercó a los periodistas y dijo“soy inocente”. Ella fue la única de los cinco que se pronunció tras el fallo del juez.

El incendio ocurrió el 8 de marzo del 2016 en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado al este de la capital. Un día antes, 108 menores de edad se fugaron del sitio como protesta por abusos físicos y sexuales de los que ellas aseguraban eran víctimas.

En la investigación la Fiscalía explicó que al recapturar a los menores, como castigo, las autoridades del hogar estatal y la PNC encerraron a las 56 niñas en un espacio apto para 26 personas durante más de diez horas, lo que derivó en que ellas les prendieran fuego a las colchonetas de esponja que les habían entregado para dormir y a su vez desencadenó el incendio.

Diecinueve menores murieron en el lugar y otras 22 fallecieron en diferentes hospitales. Quince sobrevivieron con quemaduras graves.

En mayo del 2018 empezó el juicio contra tres exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Antonio Rodas Mejía, Anahy Keller Zabala y Santos Torres Ramírez, debate que aun continúa en desarrollo. Esa institución tenía a su cargo el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.