Managua. Fuerzas antimotines y grupos armados ilegales incursionaron este martes en el norte de Nicaragua mientras en Managua quedó instalado un panel de expertos para investigar la violencia que deja más de 220 muertos en dos meses y medio de protestas contra el gobierno.
Unas 40 camionetas cargadas de hombres armados y encapuchados, entre ellas al menos dos de la Policía, entraron a La Trinidad, 125 km al norte de Managua, en el departamento de Estelí, según testigos y videos difundidos en la prensa local y redes sociales.
Un grupo de paramilitares interceptó a cuatro sacerdotes que se dirigían a La Trinidad, en tanto que personal del hospital local denunció que el centro fue rodeado por los armados, lo que impide la llegada de los heridos.
“Intentamos acercarnos para dialogar, para evitar un enfrentamientos entre manifestantes y policías, pero al llegar (...) los paramilitares nos impidieron el paso”, dijo el sacerdote Eugenio Rodríguez.
Merling Solís, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Estelí, declaró al canal 100% Noticias desde allí que los “grupos armados están haciendo un anillos para que la población no tenga salida”.
Otros grupos armados incursionaron en Jinotepe, en el departamento occidental de Carazo, denunciaron grupos de derechos humanos. Un movimiento estudiantil en protesta en el sitio reportó al menos tres heridos.
Los manifestantes exigen la salida del presidente Daniel Ortega, a quien sus críticos y opositores acusan de una cruda represión y de haber instaurado el nepotismo y una dictadura con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Investigación de violencia
Ante la grave situación que vive el país desde que estallaron las protestas el 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló este martes un grupo de expertos de reconocida trayectoria que investigará violaciones a las libertades.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) empezó labores, con un mandato de seis meses prorrogables, para apoyar “la investigación de los hechos de violencia” y recomendar acciones de reparación a las víctimas y familiares, según una nota.
“Nuestro compromiso es con las víctimas frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad más allá de quienes sean los perpetradores”, dijo el italiano Amérigo Incalcaterra, al leer un comunicado ante la prensa.
Además de Incalcaterra, el GIEI lo integran la exfiscala guatemalteca Claudia Paz y Paz, la socióloga peruana Sofía Macher y el fiscal argentino Pablo Parenti,todos investigadores de sonados casos de violación de derechos humanos en América Latina.
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La CIDH, que desde hace una semana realiza labores técnicas de verificación en Nicaragua, ha exigido el cese de la represión, el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y respetar el derecho al debido proceso de los detenidos.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) informó este martes de que registra 309 muertos -288 identificados-, mientras que el Cenidh y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) reportan unos 220 fallecidos y una docena más en verificación.
“La seguridad ciudadana como un derecho humano está en una profunda crisis, sin control”, afirmó el secretario de ANPDH, Álvaro Leiva, en rueda de prensa.
La violencia deja además más de 1.500 heridos y cerca de medio millar han sido detenidos, muchos de forma arbitraria, según informes de los grupos locales de derechos humanos y la CIDH.
En las afueras de la cárcel de máxima seguridad El Chipote, en Managua, decenas de familiares de detenidos recibían la noticia de que muchos fueron trasladados a la prisión La Modelo, la más grande del país.
Algunos familiares rompieron en llanto pues esperaban liberaciones, luego de que una misión de la CIDH visitó El Chipote el lunes.
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Con la mediación de la Iglesia católica, el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a grupos de la sociedad civil, dialogan en busca de una salida al conflicto.
“No veo voluntad política de Ortega. Va a defender su permanencia en el poder a toda costa”, declaró a la AFP el abogado y exdiplomático Mauricio Díaz.
Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años, estuvo en el poder por una década tras el triunfo de la insurrección popular que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, y desde 2007 ha sido elegido presidente por tres períodos consecutivos.