El ambientalista canadiense Paul Franklin Watson renunció este jueves a su cargo como capitán de la organización que él mismo creó, Sea Shepherd Conservation Society, Estados Unidos.
De acuerdo con Watson, su renuncia a la organización —a la cual perteneció por 45 años—obedece al rechazo que percibía por parte de los otros miembros. “Fui removido de la Junta de Directores, mi consejo ignorado, mis asociados cercanos despedidos y los directores que me apoyaron fueron removidos”, aseguró el ambientalista en sus redes sociales.
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En la misma línea, el excapitán destacó que las aspiraciones de Sea Shepherd Conservation Society, son otras y que no deberían ser las prioritarias.
“Sea Shepherd siempre debe ir a donde otros temen ir, decir las cosas que hay que decir y hacer frente a los obstáculos, sin miedo y con propósito de resolver. El nuevo rumbo que la actual Junta decidió no es un camino que puedo, en buena conciencia, apoyar ni participar”, aseveró Watson, quien además destacó que no cambió sus objetivos y que continuará apoyando la preservación y protección de la biodiversidad de la vida marina, pero separado de la organización.
Conocido en Costa Rica
El canadiense es conocido en Costa Rica por sus encontronazos legales, pues hace 20 años varios pescadores puntarenenses acusaron al ambientalista de cometer peligro de naufragio por golpear un barco pesquero costarricense.
Los hechos se registraron específicamente el 23 de abril del 2002 en aguas territoriales del Pacífico, en Guatemala, cuando el barco Ocean Warrior golpeó en tres ocasiones al pesquero costarricense Varadero I, que llevaba seis tripulantes. Presuntamente la acción sucedió porque la embarcación tica realizaba aleteo de tiburones.
Franklin Martínez, dueño del Varadero I, dijo el 27 de abril del 2002 al periódico Al Día que el pesquero sufrió daños en la cabina, en un costado y se le torció un eje. Dos tripulantes sufrieron lesiones y estuvieron incapacitados 15 días.
Por su parte, Watson declaró, que fue un choque accidental. “Regresábamos de la Isla del Coco cuando los encontramos. Navegábamos paralelos a la embarcación y en eso ellos cambiaron el rumbo. Por eso chocamos”, alegó.
Posteriormente, los pescadores presentaron una denuncia contra el canadiense ante la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, la cual abrió el proceso por el delito de peligro de naufragio, hecho por el que una persona puede ser condenada de seis a 15 años de prisión.
El 29 de abril del 2002 Watson rindió declaración indagatoria ante la Fiscalía y luego se produjeron otros señalamientos judiciales, por lo que el asunto fue remitido al Juzgado Penal de San José. Dos años después, el 4 de diciembre del 2004 se efectuó la audiencia preliminar para determinar si el caso sería elevado a juicio, pero el ambientalista no se presentó.
Así, se fijó como fecha de juicio el 26 de junio del 2006, pero nuevamente el acusado se ausentó. Ese mismo día, el tribunal fustigó la rebeldía de Watson y giró una orden de captura internacional. Seis años después, en mayo del 2012, el ambientalista fue capturado en Alemania y permaneció en arresto domiciliario luego de pagar una fianza de €250.000, (¢169 millones, aproximadamente). Tras ser aprobada su extradición a Costa Rica, el canadiense se dio a la fuga y de nuevo, no se presentó ante la justicia costarricense.
Finalmente, en el 2019, el Tribunal Penal de Apelaciones falló a favor de Watson y retiró todos los cargos en su contra al declarar sin lugar el recurso de apelación de sentencia presentado por el Ministerio Público, dando por concluida la disputa legal que sumaba 17 años. La apelación fue presentada contra una resolución de sobreseimiento definitivo por prescripción emitida por el Tribunal de Juicio en favor de Watson. Según la defensa del canadiense, el caso prescribió en el 2014.
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“Ahora sí puedo, finalmente, ayudar a defender y conserva la vida marina en Costa Rica y América Latina”, manifestó Watson en esa ocasión, mediante un comunicado de prensa de la organización Sea Shepherd.
“Durante estos 16 años me negué a presentarme ante las autoridades costarricenses porque para los intereses internacionales de la pesca ilegal, que le han puesto precio a mi cabeza, hubiera sido muy sencillo atentar contra mi vida si era encerrado durante un juicio en una cárcel costarricense y de hecho recibí múltiples amenazas directas”, aseveró el ambientalista en el mismo documento.