Un estudio del Ministerio de Hacienda colombiano demostró en el 2005 que el monto obtenido por secuestros ascendía a $49 millones, un número muy inferior al de $320 millones recibidos por extorsión.
El grueso de los ingresos se obtenía del narcotráfico y se complementaba con el robo de ganado, el cobro por el uso de las pistas de aterrizaje, entre otras actividades.
Sin embargo, la práctica no solo le valía financiamiento a los comunistas, sino también una clase de “reconocimiento” mundial, llevándolos incluso a la proclamación de una ley interna en la que instituían el uso del rapto para fines económicos.
En el 2002, el grupo protagonizó uno de los raptos más escandalosos, cuando retuvo a la candidata a la Presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt durante seis años.
La renuncia a esta práctica era un llamamiento reiterado del Gobierno y la sociedad civil a los insurgentes, a los que la dependencia que tiene a cargo la política antisecuestro atribuye el 26% de los 298 raptos registrados en el 2011 en ese país.