De acuerdo con el texto, la disposición que el gobierno aprobó a finales de diciembre queda excluida del "ordenamiento jurídico guatemalteco".
El 2 de enero, el gobierno divulgó una disposición en la que afirmaba que solo acataría sentencias sobre hechos posteriores a 1987, cuando el Estado se adhirió a la Corte, con sede en Costa Rica, porque así había quedado establecido en esa oportunidad.
Tras cuestionamientos y presiones de organizaciones de derechos humanos, que censuraron la normativa, el 11 de enero Pérez anunció que se retractaba del acuerdo.
"No queremos dar la más mínima señal que se pudiera tomar como que si quisiéramos dar una regresión en el tema de derechos humanos", argumentó el gobernante, tras reuniones con grupos de derechos humanos que claman por justicia para víctimas del conflicto armado que sumó 200.000 personas muertas y desaparecidas entre 1960 y 1996.
La Corte-IDH ha emitido 17 fallos contra el Estado de Guatemala desde 1999, según la estatal Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), la mayoría por masacres, asesinatos y desapariciones de población indígena y líderes obreros durante la guerra civil.
Los últimos se dieron entre setiembre y noviembre pasados, por cinco masacres contra la comunidad de Río Negro entre 1980 y 1992 y la desaparición de líderes estudiantiles y de 26 personas que quedaron registradas en un documento de inteligencia militar guatemalteco, hechos cometidos entre 1980 y 1985.
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