26 abril, 2012
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Washington. EFE. El Gobierno de Estados Unidos encontró ayer dificultades para defender ante la Corte Suprema sus argumentos en contra de la polémica ley de inmigración de Arizona, que fueron cuestionados por los jueces más conservadores.

La máxima instancia judicial del país celebró una audiencia sobre este caso, en el que se dirime si es o no constitucional la ley conocida como SB1070, que convierte en delincuentes a los inmigrantes sin papeles en ese estado .

Aunque la audiencia repasó las cuatro cláusulas que han sido bloqueadas por los tribunales de menor instancia, los jueces centraron su atención en la que permite que la Policía verifique el estatus migratorio de toda persona que sea detenida por alguna otra infracción y sobre la que albergue una “sospecha razonable” de que es indocumentada.

El abogado del gobierno de Obama ante la Corte Suprema, Donald Virilli, argumentó que solo el Gobierno federal tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Pero la mayoría de los jueces conservadores, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y el juez Antonin Scalia, mostraron cercanía con la posición de Arizona de que la SB1070 solo busca complementar las tareas migratorias del Gobierno federal y deja en sus manos las deportaciones.

Para Roberts, la oposición del Gobierno de Washington a la SB1070 puede indicar que “simplemente no quiere saber quién está acá ilegalmente o no” .

“ ¿El estado no tiene poder de cerrar sus fronteras a gente que no tiene derecho de estar allí? ¿Qué significa la soberanía, si no puedes defender tus fronteras?... un estado puede vigilar sus fronteras”, según reconoce la Constitución, argumentó Scalia.

La jueza Sonia Sotomayor, la única latina en la Corte, también acribilló a preguntas a ambas partes en el caso pero, alegando confusión, dejó entrever que Virilli no había logrado persuadirlos.

El argumento del Gobierno “no está vendido bien” , comentó.

Queja de Arizona. Por su lado, el abogado de Arizona, Paul Clement, dijo que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para controlar la inmigración ilegal y que estados como Arizona tienen derecho a asumir tareas migratorias.

Pero Virilli argumentó, entre otras cosas, que la SB1070 no solo puede conducir a encarcelamientos masivos, sino que puede afectar las relaciones con México.

Agregó que entre el 60% y el 70% de las personas deportadas de EE.UU. lo son a México, país con el que el Gobierno estadounidense busca una estrecha cooperación.

“¿Tenemos que aplicar nuestras leyes de una manera que satisfaga a México?” , preguntó entonces Scalia, en uno de sus intercambios con Virilli.

En su pronunciamiento, la Corte Suprema puede reafirmar la ley, revocarla o dejar en pie únicamente algunas de sus partes.

Solo ocho de los nueve magistrados participaron en la audiencia ya que la jueza Elena Kagan se apartó en diciembre pasado del caso porque cuando era abogada del Gobierno ante la Corte Suprema tuvo vínculo con la SB1070.