La solicitud de la Fiscalía se basa en las acusaciones del empresario Marcos Valerio por el supuesto traspaso ilegal de dinero de Portugal Telecom al oficialista Partido de los Trabajadores (PT), en el marco del juicio del ‘mensalao’ , un plan para comprar votos de legisladores entre 2003 y 2005, durante el primer gobierno de Lula.
Tras ser condenado a 40 años y dos meses de cárcel por su papel en este plan de corrupción, y en un intento por rebajar su pena, Valerio prestó declaraciones ante la Fiscalía que involucraron directamente a Lula en el plan de corrupción.
“El empresario afirma que se habrían transferido siete millones de dólares por parte de la proveedora de Portugal Telecom en Macao (China) al PT, a través de cuentas bancarias en el exterior”, según la nota de la Fiscalía.
Valerio sugirió además que Lula sabía del 'mensalao' y pagó gastos personales con dineros de este esquema de corrupción.
Popularidad amenazada. El apreciado exmandatario, que sigue siendo una activa figura de la política brasileña, siempre negó conocer el plan de corrupción y fue excluido del juicio del ‘mensalao’, que concluyó en diciembre pasado.
Consultado ayer, el Instituto Lula, creado por el exmandatario tras dejar la presidencia, declinó comentar el pedido de la Fiscalía.
“La posibilidad de que la imagen de Lula sea afectada sí existe. Tal vez es verdad o una mentira más, pero se tiene que saber a final de cuentas. Lula es una figura política y es necesario que se sepa todo lo que él hizo o sabía”, señaló el politólogo de la Universidad de Brasilia Everaldo Moraes.
La popularidad de Lula, fundador del PT, está basada en el fuerte enfoque social de su gobierno, que sacó a unos 30 millones de brasileños de la pobreza.
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