San José (Redacción). La Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, aprobó una ley que da más poder de control al gobierno sobre los medios de comunicación. La Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación fue aprobada el jueves en la noche y legisla sobre todo el universo de medios de comunicación incluyendo Internet.
Ya cumplió su trámite legislativo y solamente falta la promulgación por parte del presidente Evo Morales.
Una de las disposiciones de la ley establece que los privados solo tendrán 33% de las licencias de radio y televisión, otro 33% dispondrá el Estado, un 17% serán medios al servicio de organizaciones sociales y el restante 17% para organizaciones de los pueblos indígenas, estas dos últimas generalmente afines a la actual administración.
Antonio Vargas, dirigente de la Asociación de Periodistas de La Paz, de Bolivia dijo que el gobierno estaría acaparando el espacio del espectro electromagnético, contrario Vargas el ministro de Comunicación, Iván Canelas, indicó que es una ley que profundiza la democracia al permitir el acceso al manejo de medios a indígenas y organizaciones sociales.
La Asociación Boliviana de Radio emisoras dijo que unas 400 emisoras podrían cerrar en 2017 cuando concluyan sus licencias si se restringe a los privados el acceso a las frecuencias lo cual, según la organización, restringe la libertad de expresión.
Otra disposición que abrió polémica señala que las escuchas telefónicas se producirán en caso de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres, y los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación estarán obligados a cooperar y poner a disposición de autoridades la emisión, transmisión y recepción de telecomunicaciones que le sean requeridas.
Expertos y opositores indicaron que con esta ley el gobierno podrá tener a su disposición todos los medios electrónicos y redes de telecomunicación en situaciones de conmoción nacional.
La senadora opositora, Senta Reck, opinó que esa norma permite la persecución de los opositores, pero el presidente del Senado, René Martínez, declaró que la ley está en el marco de la Constitución y no vulnera derechos.
La ley también obliga a las emisoras a transmitir gratuitamente dos mensajes del presidente del país al año, uno de ellos en el aniversario de su juramento en enero y otra cuando informe a la Asamblea Legislativa y al país en el aniversario patrio.
Asimismo regula las tarifas de la telefonía que están entre las más caras de la región y alienta el acceso a los servicios de telecomunicaciones, incluyendo Internet, en zonas rurales donde este servicio es casi inexistente.