Washington. AFP. La ejecución del reo mexicano Édgar Tamayo –el miércoles en Texas– envía un mensaje negativo sobre el compromiso de EE. UU. de cumplir acuerdos internacionales, como la Convención de Viena , admitió ayer el Departamento de Estado.
“¿Si esto envía una señal negativa? Por supuesto. ¿Cómo podemos ir al exterior y pedir que nos garanticen el acceso consular (para asistir a un detenido), si nosotros no hacemos lo mismo aquí?”, manifestó la vocera adjunta del Departamento, Marie Harf.
Antes, el Departamento expresó en un comunicado que lamentaba “la decisión de Texas de proceder con la ejecución del señor Tamayo sin revisión ni reconsideración del caso, pero mantiene su compromiso de trabajar para cumplir con nuestras obligaciones internacionales”.
Tamayo fue ejecutado con inyección letal la noche del miércoles en una cárcel de Texas, al fin de un proceso que se convirtió en un escándalo internacional y motivó firmes condenas de la Unión Europea y de Francia, además del Gobierno de México.
El caso de Tamayo era uno de los 51 expedientes considerados en el llamado “Caso Avena”, en el que la Corte Internacional de Justicia de La Haya ordenó a Estados Unidos en el 2004 iniciar un proceso de revisión por clara violación al derecho consular de los acusados.
El respeto a ese fallo de la Corte Internacional de Justicia “es crítico para nuestra habilidad de asegurar acceso y asistencia consular para nuestros propios ciudadanos detenidos y arrestados”, reconoció el Departamento de Estado.
Para Harf, “es imperativo que podamos ir a otros países y decirles: 'queremos que garanticen acceso consular a nuestros ciudadanos: nosotros lo hacemos y queremos que ustedes también lo hagan’”.
Sin embargo, insistió en la necesidad de que el Congreso federal apruebe una ley que obligue a los Estados a respetar los acuerdos internacionales firmados por el Gobierno de Washington.
En el caso de los condenados a quienes se violó sus derechos consulares, Texas alegó ante la Corte Suprema que no hay una ley federal que obligue a ese estado a acatar tales convenios.
Esta cuestión ya había sido mencionada el miércoles, instantes antes de la ejecución de Tamayo , por sus abogadas defensoras, Sandra Babcock y Maurie Levin.
Para las abogadas, “es vergonzoso y trágico que el señor Tamayo pague el precio por el fracaso del Congreso en aprobar una legislación que implemente las decisiones del Caso Avena, de la Corte Internacional de Justicia”.
Este jueves, Maureen Meyer, de la ONG Washington Office on Latin America (WOLA), dijo a la AFP que la cuestión era efectivamente fundamental, pero que la solución a ella será más complicada.
“El Congreso debería legislar; la única forma federal es aprobar un mandato para acatar los acuerdos internacionales a nivel estatal. Pero en el contexto actual, en que [el Congreso] ni siquiera puede pasar legislación para gobernar el país, lo veo muy complicado”, comentó.
Para Meyer, “todo esto deja a Estados Unidos en una posición muy difícil. Por un lado, criticamos a otros países por su falta de respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Y, por otro, como en el caso Tamayo, estamos mostrando que Estados Unidos no tiene mucha base moral para criticar a otros países”.
En México, el ex canciller Jorge Castañeda, quien ayudó a diseñar el Caso Avena, comentó en un artículo periodístico que “no es un asunto menor (...) que Texas invoque una soberanía propia” para negarse a realizar la revisión de los casos ordenada por la Corte Internacional.