El proceso de paz con las FARC entra en la campaña electoral

El proceso de paz con las FARC está al llegar a su primer año en el centro de la campaña electoral colombiana, pese a que la intención del presidente Juan Manuel Santos era tener un acuerdo definitivo antes de finalizar 2013.

Desde el inicio del diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Santos enfatizó que iba a ser un proceso "de meses, no de años", para marcar la diferencia con los fracasados intentos anteriores, el más reciente desarrollado entre 1998 y 2002 durante la presidencia del conservador Andrés Pastrana.

Más allá de tranquilizar a los colombianos con un proceso "serio", una agenda clara y unos límites cronológicos, Santos pretendía llegar a las elecciones de 2014 con el acuerdo ya cerrado e impulsado así en las urnas por haber alcanzado la paz que este país no ha conocido en el último medio siglo.

Pero no siempre es todo como uno desea. Un año después del inicio de los diálogos de paz, que se iniciaron en La Habana el 19 de noviembre de 2012, las FARC y el Gobierno han alcanzado acuerdos en dos de los cinco puntos de la agenda, quizás los más espinosos, el de tierras y el de participación política y el barco de la paz entra en campaña con el riesgo de zozobrar por las elecciones.

Y es que los colombianos tienen dos citas con las urnas en los próximos meses, la primera el 9 de marzo para renovar el Senado y la Cámara de Representantes, y la segunda el 25 de mayo para elegir presidente, con posibilidad de una segunda vuelta.

Santos aún no ha anunciado si va a participar como candidato a la reelección, pese a que es un secreto a voces.

Mientras que el mandatario entra en campaña con la bandera de la paz, su principal opositor, el expresidente Álvaro Uribe y su candidato a la Presidencia, Óscar Iván Zuluaga, llegan con la promesa de terminar con los diálogos si su movimiento Uribe Centro Democrático se impone en las urnas y de seguir con la guerra en las selvas hasta que no quede ningún rebelde en armas.

La izquierda por su parte, que tradicionalmente había monopolizado el discurso de la paz en Colombia, ha entregado el debate a la centroderecha representada por Santos y a la derecha uribista, mientras se esfuerza en estructurar una tercería que según las encuestas saca la cabeza pero no tiene posibilidades reales de entrar en la pugna.

La última encuesta sobre intención de voto en las presidenciales, elaborada antes de que se conociera el segundo acuerdo de La Habana, le daba a Santos un 27 % de los apoyos, seguido de Zuluaga con el 14,9 % y el precandidato de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff, con el 12 %.

Otro sondeo realizado después del acuerdo en el punto sobre participación política le otorgó a Santos un 55 % de imagen favorable, mientras que días antes su popularidad era del 45 % y hace tan solo dos meses, en setiembre, el presidente tocaba fondo con un 36 % agobiado por el conflicto del campo y el litigio por los límites marítimos con Nicaragua.

Ante la proliferación de peticiones para una suspensión del diálogo durante la campaña electoral, Santos despejó todas las dudas en un rotundo discurso a la nación pronunciado el 6 de noviembre, tras el acuerdo sobre participación política.

"Sería irresponsable romper o hacer una pausa cuando estamos logrando avances reales", dijo.

"Cuando avanzamos, cuando se ven resultados, no es momento de parar, sino todo lo contrario, de acelerar, de continuar con más ánimo y con más entusiasmo para lograr ponerle fin al conflicto en forma definitiva", agregó el mandatario, quien dijo que los diálogos no se van a parar por " cálculos políticos".

El Gobierno y las FARC inician el segundo año del proceso de paz con el objetivo de cerrar cuanto antes el punto de drogas ilícitas, cuarto de la agenda y tercero en orden de negociación, para afrontar pronto los referentes a víctimas y al denominado "fin del conflicto armado".

En vísperas del primer aniversario de la instalación del proceso de paz en La Habana, el Gobierno descubrió un plan de las FARC para atentar contra Uribe, quien no puede presentarse a la reelección presidencial, pero es cabeza de lista para las elecciones al Senado.