EscucharWashington (AP). Senadores de ambos partidos expresaron hoy sus respectivas objeciones al proyecto de ley de reforma migratoria que el comité judicial comenzará a debatir el jueves.
El presidente del comité de seguridad nacional del Senado, el demócrata Thomas Carper, dijo al encabezar una audiencia sobre la seguridad fronteriza que el proyecto de ley es un “paso importante” pero señaló que la iniciativa no aborda la necesidad de entrenar a las autoridades mexicanas para que custodien mejor su frontera y la de contar con parámetros adicionales para medir la seguridad fronteriza.
“Lograr la meta de una vigilancia constante expresada en el proyecto de ley que examinamos hoy será difícil y costoso. Sin embargo, no es posible”, señaló el senador por Delaware.
Los inmigrantes sin papeles que hayan fijado residencia en Estados Unidos antes del 31 de marzo del 2011, que aún permanezcan en ese país y que cumplan con otros requisitos legales, podrán obtener un estatus legal provisional una vez que la Secretaría de Seguridad Nacional certifique al Congreso un aumento en la seguridad fronteriza, y optar a la residencia permanente 10 años más tarde, según la propuesta.
El proyecto de ley establece que los interesados podrán solicitar el estatus provisional solamente después de que la seguridad en la frontera aumente, al detener o evitar el ingreso del 90% de las personas que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos y al colocar cercas, infraestructura y tecnología a lo largo de la frontera, para lo cual asignaría $4.500 millones.
El principal republicano en el comité, Tom Coburn, expresó sus reservas con el proyecto de ley elaborado por un grupo bipartidista de ocho senadores porque en su opinión aumentaría las responsabilidades de las autoridades fronterizas aunque no estén plenamente capacitadas para asumirlas.
El senador republicano Ron Johnson expresó su deseo de que la reforma migratoria sea aprobada pero admitió que “hay un gran nivel de escepticismo sobre la seguridad fronteriza” y criticó al proyecto de ley por “concentrarse más en el proceso, en quién certifica (la seguridad fronteriza) que en asegurar la frontera”.
