Víctimas de delitos sexuales no obtienen justicia en el Congo, según la Federación Internacional de Derechos Humanos

 Las víctimas de delitos sexuales en la República Democrática del Congo se enfrentan a obstáculos insuperables para obtener justicia y reparación, según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Los elevados costes procesales y el escaso cumplimiento de las decisiones judiciales impiden que las víctimas de la violencia sexual puedan resarcirse, revela un informe hecho público hoy por la FIDH y las organizaciones congoleñas integradas en la federación.

La República Democrática del Congo, inmersa desde hace dos décadas en un conflicto armado, ha sido escenario de delitos de violencia sexual de una magnitud y brutalidad sin precedentes, que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Todos los bandos han utilizado este tipo de violencia como arma de guerra para esclavizar a las víctimas y aterrorizar a la población, aseguró la FIDH en un comunicado.

"Los cuerpos de las mujeres se han convertido en otro campo de batalla. Cientos de miles de mujeres han sido violadas, tanto jóvenes como mayores. Todas las mujeres se han visto afectadas", lamentó Julienne Lusenge, presidenta de la Unión de Mujeres para la Paz y el Desarrollo (Sofepadi).

Las víctimas de violencia sexual son particularmente estigmatizadas, ya que a menudo son rechazadas por sus familias y comunidades, por lo que necesitan una gran valentía para denunciar su caso ante los tribunales.

"Además del trauma y de tener que convivir con una sociedad que les apunta con el dedo, las víctimas de violación deben enfrentarse a procedimientos judiciales desorbitadamente caros", explicó Sylvain Lumu, secretario ejecutivo de la Liga de los Electores.

En cada etapa del proceso, las víctimas deben pagar las costas y otras grandes sumas de dinero a la administración congoleña si quieren que las investigaciones y procesos judiciales se lleven a cabo con eficacia.

Incluso el certificado de indigencia, que reduce algunos de los gastos judiciales, cuesta entre 25 y 50 dólares (18,4 y 36,8 euros, respectivamente), en un país donde el 67% de la población vive con menos de 2 dólares (1,4 euros) al día.

Sin este certificado, y como condición previa para cualquier reparación, las víctimas deben adelantar el 6% de la cantidad total de la indemnización en su favor, lo que les impide obtener el dinero destinado a reparar su tragedia.

"La comunidad internacional debe reforzar su apoyo a las reformas estructurales del sistema legal congolés", dijo Dismas Kitenge, vicepresidente de la FIDH y presidente del Grupo Lotus.

Además, muy pocas sentencias son firmes y eficaces, de modo que quienes han sido condenados con demasiada frecuencia, se las arreglan para escapar."

Las autoridades congoleñas deben adoptar urgentemente las reformas políticas y jurídicas para luchar contra la impunidad de los autores de los delitos de violencia sexual y facilitar el acceso efectivo de las víctimas a la justicia y a la reparación", puntualizó Jean Claude Katende, presidente de la Asociación Africana para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADHO).

Katende concretó estas medidas en la reforma del sistema jurídico nacional y el establecimiento de cámaras nacionales e internacionales para juzgar estos crímenes en la República Democrática del Congo.