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Caracas. AFP. Otros diez municipios fronterizos con Colombia amanecieron el miércoles bajo el estado de excepción ordenado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La decisión de Maduro se produce a casi un mes del inicio de la operación contra el contrabando que implicó el cierre de varios pasos entre ambos territorios.
“He decidido activar las zonas número 4, 5, 6 y 7 de la Misión Nueva Frontera de Paz”, dijo Maduro el martes en su programa que transmite semanalmente la televisora gubernamental VTV.
El mandatario anunció que se activaba “de manera inmediata” el estado de excepción y “los planes especiales”, aunque sin detallar si se trata de un cierre de pasos fronterizos en municipios de los estados Apure y Zulia, donde ya había cerrado el cruce de Paraguachón y enviado 3.000 militares a reforzar la zona el 7 de setiembre.
El mandatario explicó que las zonas 6 y 7 corresponden a los municipios Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, ubicado en el extremo sur de la frontera que comparten Venezuela y Colombia. La zona 4 y 5 se circunscriben en los municipios Jesús Enrique Losada, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, La Cañada Urdaneta, Jesús María Semprún, Catatumbo y Colón, todos del estado Zulia.
En Táchira, estado también fronterizo con Colombia, ya había 5.000 militares desplegados en zonas de seguridad desde mediados de agosto, cuando se inició la clausura unilateral de la frontera.
Caracas tomó esa decisión tras un ataque a militares venezolanos durante una operación anticontrabando, que el mandatario atribuyó a “paramilitares colombianos”.
No obstante, el conflicto bilateral escaló cuando ambas cancillerías llamaron a consultas a sus embajadores en medio de acusaciones de violaciones de los derechos humanos de los afectados.
Según estimaciones de Naciones Unidas, unos 20.000 colombianos se han visto afectados por la actual crisis fronteriza con Venezuela, entre los que se cuentan 1.467 deportados y más de 18.000 que han huido por temor a ser expulsados.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, en la que denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.
