22 febrero, 2017
El presidente sudanés, Omar al-Bashir, visitó Johannesburgo en junio del 2015. Sudáfrica se negó a detenerlo y entregarlo a la CPI.
El presidente sudanés, Omar al-Bashir, visitó Johannesburgo en junio del 2015. Sudáfrica se negó a detenerlo y entregarlo a la CPI.

Johannesburgo

La Justicia sudafricana falló el miércoles que la decisión del gobierno de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), sin consultar al Parlamento, es inválida e inconstitucional.

"La decisión del gobierno de comunicar al secretario general de la ONU su retirada de la CPI sin haber obtenido el aval del Parlamento es inconstitucional e inválida", afirmó el juez Phineas Mojapelo, en un tribunal de Pretoria.

El presidente y los ministros "deben revocar inmediatamente el aviso de la retirada", añadió.

En octubre, Sudáfrica envió una carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que anunciaba que se retiraba de la CPI, el primer tribunal internacional que juzga los presuntos autores de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

La decisión se produjo tras una polémica ocurrida en el 2015, cuando Sudáfrica permitió que el presidente sudanés, Omar al-Bashir, viajara al país para participar en una cumbre de la Unión Africana, a pesar de la orden de arresto de la CPI que pesa sobre él.

La CPI acusa al presidente sudanés de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en el conflicto de la región de Darfur, pero Sudáfrica alegó que el dirigente tenía inmunidad como jefe de Estado.

Oposición, satisfecha. El principal partido de la oposición Alianza Democrática (DA), uno de los grupos que llevó el caso ante los tribunales, se congratuló por el fallo.

"La salida del CPI planteada por el Gobierno de Sudáfrica era irracional e inconstitucional", declaró el diputado de la DA James Selfe.

"Nos gustaría que Sudáfrica permaneciera en la CPI porque creemos que esto es consecuente con nuestra Constitución y con el legado de Nelson Mandela", agregó, mientras recalcaba que le gobierno debería "dar marcha atrás".

El tribunal de Pretoria precisó en su fallo que solo se pronunció sobre la forma, sin juzgar la legalidad de la retirada de la CPI.

Otros países como Rusia y Burundi siguieron los pasos de Sudáfrica y anunciaron su intención de abandonar también la CPI.

El procedimiento estipula que la salida de esta corte se produce un año después de que la ONU reciba la notificación.

Gambia, que también anunció que pensaba retirarse, dio marcha atrás después del cambio de régimen y de la elección del nuevo presidente, Adama Barrow.

Desde su puesta en marcha en el 2003, la CPI, con sede en La Haya, ha abierto diez investigaciones, nueve de ellas en países africanos.