AP y AFP. 4 octubre
Manifestantes se enfrentan a policías durante una huelga de transporte, en Quito, el 4 de octubre del 2019. Foto: AFP
Manifestantes se enfrentan a policías durante una huelga de transporte, en Quito, el 4 de octubre del 2019. Foto: AFP

Quito. Las cámaras de transporte de Ecuador anunciaron este viernes la suspensión del paro de actividades que habían declarado para rechazar el alza en el precio de los combustibles.

El vocero de los transportistas, Abel Gómez, afirmó en conferencia de prensa que “de nuestra parte se termina la medida de hecho, solicitamos responsablemente al gobierno las garantías para que la operación se pueda dar con la mayor tranquilidad en todo el territorio nacional”.

Añadió que en adelante no se hacen responsables de los desmanes que puedan producirse.

No se conocen los detalles del acuerdo que permitió poner fin al paro, aunque se estima que aumenten los pasajes al transporte público y que los transportistas cuenten con un trato especial para la compra de vehículos.

El paro se declaró el jueves después de que el gobierno decidió esta semana eliminar los subsidios a los combustibles para ahorrar $1.300 millones y equilibrar la caja fiscal, lo que de inmediato elevó los precios de la gasolina de $1,85 por galón a $2,39, mientras que el diésel subió de $1,03 el galón a $2,30.

La huelga obligó a miles de personas a caminar grandes distancias o a viajar de forma precaria en vehículos particulares en todo el país, mientras que al menos tres dirigentes, uno nacional y dos regionales, fueron apresados por interrumpir el servicio público.

El presidente Lenín Moreno se mostró inflexible ante los transportistas.

“No se me pida que cambie con respecto a la eliminación de un subsidio que es nocivo para la economía ecuatoriana, aproximadamente $60.000 millones ha perdido el pueblo ecuatoriano por el subsidio en estos años, eso no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia”, dijo.

A media tarde, grupos de jóvenes se enfrentaron con piedras y palos con la Policía, que respondió con gas pimienta y vehículos antimotines en la capital, y se registraron choques similares en ciudades como Guayaquil, Ambato y Cuenca.

Autobuses y camiones militares, con custodia de uniformados, salieron a las calles de las principales ciudades para ofrecer servicio de transporte público y para despejar las vías con el propósito de normalizar la situación.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, afirmó que “se ha logrado que vaya bajando la intensidad de la agresión y de la violencia. En números significa que teníamos registradas 200 actividades de protesta y manifestaciones, en la noche se intensificaron a 291 actividades... para hoy no pasan de 100”.

(Video) 'Se acabó la zanganería', dice presidente de Ecuador al ratificar fin de subsidios

El transporte interprovincial fue casi nulo debido a los bloqueos de las vías con montículos de tierra, rocas y troncos.

Moreno decretó en la víspera un estado de excepción para enfrentar la huelga, que derivó en enfrentamientos.

Las autoridades confirmaron que se han registrado cerca de 375 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía.

El estado de excepción tiene vigor de 60 días en todo el territorio nacional.

No es inusual que el gobierno ecuatoriano utilice el estado de excepción. La última vez se decretó fue a mediados de año, después de que varios reclusos murieran en riñas y protestas en cárceles de todo el país.

Moreno, que asumió la presidencia en mayo del 2017 y debe gobernar hasta el 2021, anunció además un paquete de reformas tributarias que crea nuevas contribuciones para grandes empresas y elimina o reduce otros impuestos, además de reformas laborales como contratos de empleo para quienes emprendan un negocio o contratos a plazo para estimular a la economía nacional.

Pérdidas millonarias

Las protestas, que dejan pérdidas diarias por $262 millones de acuerdo con industriales, también se sintieron con fuerza en Guayaquil, de las ciudades más pobladas de Ecuador. Organizaciones de indígenas y sindicales prevén protestar en los próximos días contra la política económica de Moreno, en el poder desde el 2017.

Sin mayoría en el Congreso y las encuestas en contra, Moreno encara las primeras consecuencias del acuerdo de marzo con el FMI para acceder a créditos por $4.209 millones.

El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, indicó que el Ejecutivo hará un "ajuste" en los pasajes de autobuses interprovinciales e impulsa a que los municipios hagan lo mismo con la transportación urbana y de taxis, que están a su cargo.

"Pero esta subida del pasaje, que será moderada, que será justa y que será técnica, no deberá tener consecuencias en los (precios de los) demás productos", añadió.

Antes de que la izquierda asumiera el poder en Ecuador, en el 2007, protestas sociales dieron paso al derrocamiento de tres presidentes, dos de los cuales intentaron ajustes económicos.

Además del Fondo Monetario Internacional, otros organismos multilaterales también entregarán $6.070 millones en préstamos a la administración de Moreno, que por falta de liquidez ha emitido bonos por más de $10.000 millones.

La deuda externa pública de Ecuador subió en 47% en el actual gobierno (a $39.491 millones, 36,2% del producto interno bruto, PIB).