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Bashir viajó a Sudáfrica para asistir a una cumbre de la Unión Africana (AP)
Johannesburgo
El presidente sudanés, Omar al-Bashir, acusado de genocidio por la Corte Penal Internacional (CPI), abandonó este lunes Sudáfrica, pese a que la justicia sudafricana le había prohibido salir del territorio.
Bashir, que había viajado a ese país para asistir a una cumbre de la Unión Africana (UA), regresó por la tarde a Jartum, después de que su avión despegara horas antes de un aeropuerto militar de Johannesburgo.
La CPI, que acusa al presidente sudanés de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, había pedido a Sudáfrica que lo arrestara si entraba en su territorio.
"Estamos muy decepcionados de que no lo hayan detenido", declaró a la AFP James Stewart, adjunto de la fiscal de la CPI Fatou Bensouda. "Nuestra postura siempre ha sido que la obligación de Sudáfrica era clara, debía detenerlo".
Un tribunal de Pretoria ordenó el domingo, a petición de la CPI, que Bashir no saliera del país mientras no se hubiera estudiado su caso. Era la primera vez que la justicia de un país africano intentaba impedir que un jefe de Estado en activo dejara su territorio a instancias del tribunal de La Haya.
"La actitud (de las autoridades), que fracasaron a la hora de tomar medidas para detener al presidente de Sudán Omar al-Bashir, contradice la Constitución de la República sudafricana", lamentó el juez sudafricano Dunstan Mlambo.
La delegación sudanesa no parecía, por su parte, preocupada por la decisión judicial del domingo, después de que Bashir participara en la cumbre de la UA y posara en la primera fila de la foto oficial.
"Estamos aquí como invitados del gobierno sudafricano. Ese gobierno nos dio garantías", dijo el domingo el ministro sudanés de Relaciones Exteriores, Ibrahim Ghandur.
La CPI había recordado el pasado 28 de mayo a Sudáfrica su obligación, como integrante del tribunal internacional, de detener y entregarle Bashir si viajaba a su territorio.
Problemas en Darfur. La corte, creada en 2002 en La Haya para juzgar a responsables de genocidio y criminales de guerra, emitió dos órdenes de arresto contra Bashir, en 2009 y 2010, en relación con Darfur, una región del oeste de Sudán presa de la violencia interétnica desde 2003.
Según la ONU, al menos 300.000 personas han fallecido y 2,5 millones han tenido que huir de la zona durante el conflicto.
El tribunal internacional es desde hace años el blanco de una agresiva campaña de jefes de Estado africanos que lo acusan de racismo y de perseguir únicamente a dirigentes del continente.
"Mi impresión es que, al dejarlo venir, (los dirigentes sudafricanos) querían demostrar al resto del mundo que comparten la opinión de África sobre la CPI", opinó Jakkie Cilliers, director general del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS) de Pretoria.
El gobierno sudafricano no hizo ningún comentario sobre el caso desde que se dio a conocer la decisión judicial.
"Si Sudáfrica no obedece", comentó en Johannesburgo el abogado de derechos humanos Gabriel Shumba, "se meterá en el mismo saco que los regímenes africanos que no respetan los derechos humanos. En realidad, es una prueba para Sudáfrica".
Bashir, de 71 años, gobierna Sudán desde un golpe de Estado en 1989 y fue reelegido en abril, sin oposición y con un 94% de los votos, para un nuevo mandato de cinco años. Desde 2009, ha reducido sus viajes al extranjero, prefiriendo los países que no son miembros de la CPI.
