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Brasilia AFP Un empresario implicado en el escándalo de la brasileña Petrobras fue detenido el lunes en Portugal, en la primera acción policial internacional relacionada con la operación Lava Jato que está provocando una conmoción política y social en el país suramericano.
El luso-brasileño Raúl Schmidt Felipe Junior fue aprehendido en Lisboa. Según la Procuraduría brasileña, era “un operador financiero en el pago de sobornos a funcionarios públicos de Petrobras” y un “agente de empresas internacionales en la obtención de contratos para plataformas de exploración” de la firma estatal.
La operación Lava Jato , lanzada en el 2014 por el juez de primera instancia Sergio Moro, ha implicado a políticos y empresarios y debilitado el gobierno de izquierda de la presidenta Dilma Rousseff, amenazada ya por un juicio de destitución en el Congreso.
También el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva está en la picota del juez Moro, por presunta ocultación de bienes, en conexión con el caso Petrobras.
Lula, de 70 años, fue nombrado la semana pasada ministro jefe de gabinete de Rousseff, pero un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) bloqueó temporalmente su toma de funciones, por considerar que se trataba de una maniobra para dotarlo de fueros que lo protegieran de un eventual pedido de captura.
El STF debería decidir el 30 de marzo, en su próxima sesión plenaria, si Lula es o no ministro.
Sin embargo, el presidente del STF, Ricardo Lewandowski, podría atender los recursos y hábeas corpus presentados por sus abogados y el gobierno, para tratar de inhibir la acción del juez Moro en los próximos diez días.
El Instituto Lula denunció el domingo un acoso político, judicial y mediático contra el ícono de la izquierda latinoamericana.
“Lula no ha sido acusado de ningún crimen, incluso después de haber sido sometido en los últimos meses a una verdadera invasión (de su vida privada) y a intimidaciones”, denunció, apuntando al juez Moro.
El magistrado se convirtió en un símbolo de los manifestantes que desde hace semanas reclaman la partida de Rousseff.
Los opositores convocaron a nuevas concentraciones este lunes por la tarde, con la expectativa de reunir a decenas de miles de personas en Brasilia, donde vuelve a reunirse la comisión legislativa que debe recomendar la apertura o el archivo de un juicio político contra Rousseff.
El presidente de la Cámara, el ultraconservador Eduardo Cunha, espera concluir la primera fase del proceso en menos de un mes. Si prospera en todas las instancias legislativas, podría concluir hacia fines de abril, con la eventual separación de Dilma Rousseff de su cargo por un plazo de 180 días, en espera de una decisión definitiva.
Una encuesta de Datafolha reveló el sábado que el apoyo al juicio político pasó de 60% en febrero a 68% en marzo.
El PT movilizó a sus bases el viernes, en protestas que según la Policía sacaron a la calle a 270.000 manifestantes (1,2 millones según los organizadores), para denunciar una tentativa de golpe de Estado.
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Miles de personas asistieron el viernes a una concentración de apoyo a la presidenta Dilma Rousseff y del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en São Paulo, Brasil. | AP (Andre Penner)
Unos días antes, el 13 de marzo, unas tres millones de personas se manifestaron en centenares de ciudades para pedir la renuncia de Rousseff.
La detención de aquel en Lisboa se llevó a cabo “a petición de las autoridades brasileñas y en presencia de un fiscal encargado de la operación Lava Jato ”, indicó la Procuraduría brasileña.
La cooperación con autoridades de otros países se extiende también al dominio financiero.
Las autoridades judiciales suizas bloquearon la semana pasada $800 millones. El diario O Estado de Sao Paulo indicó que Suiza se apresta a transmitir a Brasil “miles” de documentos e informaciones sobre cuentas de políticos y otras personas investigadas por la operación.
En Perú, una comisión del Congreso investiga las implicaciones de la operación en su país, en medio de acusaciones de presuntos pagos de sobornos por parte de firmas brasileñas -varias implicadas en Lava Jato - a funcionarios de distintos gobiernos, para realizar obras.
