Managua. La oposición nicaragüense acusó este miércoles al gobierno de Daniel Ortega de negarse a dialogar, tras cumplirse el plazo para reanudar las conversaciones en busca de una solución a la crisis que afecta al país por más de un año.
“Estamos aquí honrando nuestro compromiso (...) desafortunadamente, la contraparte gubernamental no se ha hecho presente, con lo que se demuestra una vez más, su falta de voluntad para resolver la crisis”, denuncio la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ADJD).
El bloque opositor acudió a la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), donde se celebraron las conversaciones, al cumplirse el plazo del 31 de julio dado al gobierno para retomar las negociaciones.
El diálogo está paralizado desde el 16 de mayo, cuando la ACJD se retiró en protesta por la muerte a tiros de un opositor encarcelado en circunstancias confusas.
Durante el acto por el 40 aniversario de la Revolución Sandinista, el 19 de julio, Ortega dijo que dialogaría con campesinos, obreros y gremios productivos, “dispuestos a trabajar” por el desarrollo del país, pero evitó mencionar al bloque opositor.
La ACJD citó una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 17 de julio que instó a las partes a reanudar “la negociación efectiva y de buena fe” para resolver la crisis nicaragüense.
En un comunicado leído en la sede del INCAE, la alianza consideró necesario abordar con el gobierno “el cumplimiento total de los acuerdos aprobados”, incluyendo la liberación total de presos políticos, las libertades ciudadanas y las reformas electorales.
La negativa del gobierno a dialogar “castiga a toda la población, incrementa la pobreza, el desempleo, la necesidad de emigrar y la desesperanza”, alertó la ACJD en el comunicado.
Las protestas que originaron la crisis política estallaron en abril de 2018 contra una reforma del seguro social, y derivaron en una demanda para la salida de Ortega del poder.
La represión a los manifestantes ha dejado al menos 325 muertos, 2.000 heridos y 62.500 exiliados.
Asimismo, la economía se contrajo 3,8% en 2018, mientras los gremios empresariales reportan el cierre de cientos de negocios y pérdida de más de 400.000 empleos.