Managua y Washington. Organizaciones empresariales nicaragüenses respaldaron este martes el llamado a un paro nacional propuesto por la oposición para exigir al gobierno de Daniel Ortega la liberación de todos los detenidos por participar en las protestas del último año.
“La convocatoria a un paro cuenta con el apoyo de las principales cámaras empresariales del país”, afirmó el representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el economista Juan Sebastián Chamorro.
En Washington, el Consejo Permanente de la OEA aprobó este martes una resolución en la cual exige al gobierno de Ortega dejar en libertad, sin ninguna condición, a todos quienes se han manifestado contra el régimen, y también pide avanzar en el diálogo para tratar de hallar una salida a la crisis política que ya dura más de un año.
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Según Chamorro, La Alianza buscó consenso para efectuar un paro de 24 horas este jueves o el martes de la próxima semana.
En “la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) respaldamos el llamado el llamado a paro nacional e invitamos a todos los productores y pobladores en general a unirse en las diferentes expresiones cívicas que se estén llevando a cabo en las próximas fechas”, exhortó la agrupación en un comunicado.
A la iniciativa se sumó la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), la Cámara de Industria, la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y social (Funides), entre otros.
Amcham “respalda el llamado a un paro nacional” y considera que “la situación por la que atraviesa nuestro país solo podrá solucionarse mediante elecciones libres y anticipadas”, subrayó el grupo en un comunicado.
La ACJD llamó este lunes a la paralización de labores y anunció su retiro del diálogo con el gobierno.
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Este sería el primer cese temporal de actividades este año, después de otros convocados el año pasado en medio de las violentas protestas para demandar la salida del gobierno de Ortega, en el poder desde hace 12 años.
Reclamo de la OEA
El Consejo Permanente de la OEA también se manifestó en favor de que el gobierno nicaragüense ponga en libertad a quienes lo han enfrentado en protestas callejeras.
El texto fue aprobado por 20 votos a favor, tres en contra, entre ellos Nicaragua; 10 abstenciones y la ausencia de Trinidad y Tobago, durante una sesión extraordinaria del Consejo para analizar la situación en el país centroamericano.
La resolución, presentada por Canadá, que preside el grupo de 12 países creado en agosto por el Consejo Permanente para buscar soluciones a la crisis en el país centroamericano, destaca la preocupación por “el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua” y llama a las partes a avanzar “en un diálogo efectivo y de buena fe”.
Para esto, pide al gobierno de Ortega la liberación “incondicional”, antes del 18 de junio, de todos los presos por participar en las protestas, según lo acordado en las negociaciones con la oposición.
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También reclama que se permita el regreso a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expulsada del país en diciembre por documentar graves abusos.
Además, solicita al gobierno que inicie al proceso para la celebración de elecciones “libres, justas, transparentes y legítimas de conformidad con los estándares internacionales”, y que se den garantías para el libre ejercicio del derecho de manifestación pacífica y de libertad de expresión, así como el regreso “sin represalias” de todos los exiliados por la actual crisis.
La ola de protestas contra Ortega, que empezó en abril del 2018, desató una violenta represión estatal que ha dejado 325 muertos, centenares de detenidos y 62.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
El vicecanciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, manifestó el rechazo de su país a la realización de la reunión y al texto adoptado, por considerar que sigue “la lógica del intervencionismo en los asuntos internos” de las naciones y promueve “la desestabilización interna”.
Sin embargo, afirmó que el gobierno de Ortega sigue comprometido con la negociación y con la paz, y aseguró que el acuerdo “para facilitar el proceso de liberación de las personas privadas de libertad tras los eventos” del año pasado concluirá según lo acordado."Al 18 de junio de 2019 estarán liberados todos", aseveró.