AFP . 2 abril
Un hombre con un chaleco y un sombrero que muestra la bandera nacional marroquí y con el lema árabe
Un hombre con un chaleco y un sombrero que muestra la bandera nacional marroquí y con el lema árabe "larga vida al Rey, abajo con la mafia de bienes raíces", sostiene un cartel que dice "no guardaremos silencio sobre nuestros derechos", durante una manifestación en una parcela de tierra contra el grupo inmobiliario Bab Darna. Foto: AFP

Marruecos. “¡Devuélvannos nuestro dinero!”, grita una pequeña muchedumbre en una zona que debería haber albergado edificios residenciales, uno de los proyectos ficticios que se describe como la estafa inmobliaria más grande de la historia de Marruecos.

Los anuncios de televisión prometían viviendas de ensueño: “Tres al precio de dos”, pero fue solo un espejismo.

Casi 60 millones de euros desaparecieron y más de 1.000 compradores resultaron estafados, según su abogado.

En este reino, donde la corrupción es endémica, este escándalo provoca turbulencias políticas.

Interrogado en el parlamento, el jefe de gobierno Saad Eddine El Othmani descartó toda responsabilidad del Poder Ejecutivo, suscitando la indignación de las víctimas que apelan al rey Mohamed VI.

Si bien el hombre que causó el escándalo está en la cárcel, quedan innumerables preguntas sobre las responsabilidades y complicidades que permitieron esta estafa.

Tras su detención en noviembre, Mohamed El Ouardi, de 59 años y jefe del grupo Bab Darna, está acusado de haber vendido proyectos de viviendas y cobrado los cheques sin tener los permisos de construcción y ni siquiera la propiedad de los terrenos.

"¡La piscina tenía que estar aquí!", ironiza Soufiane, de 40 años, frente un solar de Casablanca donde nunca se inició la construcción de su apartamento de lujo.

Durante una decena de años, el grupo Bab Darna, constelación de sociedades, cobró los anticipos de una quincena de proyectos ficticios “al menos a 1.000 víctimas”, en gran parte que viven y trabajan en Europa, detalla Mourad El Ajouti, uno de los abogados de los estafados.

Más de 600 millones de dirhams (57 millones de euros) habrían sido cobrados por el promotor que "recibía anticipos del 20% al 100%" y "el dinero desapareció".

Houria, de 49 años, responsable de una empresa de comercio electrónico, habla de unos "vendedores muy persuasivos" que la convencieron de no dejar pasar "una excelente oportunidad".

Dejó un anticipo equivalente a 35.000 euros, que debían representar 20% del precio final de su soñada villa.

En terrenos que el promotor no poseía, florecieron inclusive cercas de obras y oficinas de venta.

“¿Las autoridades no lo sabían? ¿Quién lo protegía?” se pregunta Houria, quien como otras víctimas, prefirió no dar su apellido.

En efecto, el grupo no tenía "ni los títulos de propiedad ni los permisos de construcción", explica el abogado Mourad El Ajouti.

Aquello no fue obstáculo para que la empresa participara de ferias inmobiliarias en Casablanca, París y Bruselas e hiciera mucha publicidad.

En noviembre del 2019 algunos clientes se impacientaron al ver que ninguno de los proyectos se había concretado y fueron al domicilio del empresario.

Mohamed El Ouardi,ante la situación, repartió primero excusas y luego cheques que no tenían fondos.

Hoy El Ouardi está detenido junto a seis presuntos cómplices: el escribano, su director financiero y algunos vendedores, y podrían ser condenados hasta a 20 años de cárcel.

“Me fui de Marruecos para huir de la corrupción y el nepotismo, pero igual me alcanzaron”, afirma Youssef, de 36 años e instalado en Japón.

Responsabilidad colectiva

Sifeddine, un empresario de 30 años instalado en Argentina, había reservado un departamento sobre la base de un folleto que representaba edificios modernos flanqueados por cascadas de hiedra y elegantes palmeras, promesa de una vida agradable, bajo un cielo sin nubes.

La publicidad, difundida en las televisiones públicas con actores marroquíes famosos, lo había tranquilizado.

“El Ouardi me recibió en su villa y se mostró persuasivo. El municipio abrió excepcionalmente sus oficinas para concluir el contrato. Tuvo que haber sobornado a mucha gente”, afirma.

Este contrato, como todos los demás, no menciona ningún título de propiedad ni número de permiso de construcción, contrariamente a las normas legales.

Jalal, empresario de 40 años franco-marroquí, se decidió por el proyecto en 2018, al visitar el salón inmobiliario marroquí en París (Smap), una cita de referencia donde Bab Darna "tenía uno de los mejores stands".

"Es una responsabilidad colectiva", considera el abogado de las víctimas, cuestionando también a los responsables del salón inmobiliario que deberían haber comprobado la seriedad del exponente.

Pero los organizadores de Smap rechazan toda responsabilidad y presentaron una denuncia contra Bab Darna por “estafa y perjuicios sufridos”.

Una mujer que llevaba un chaleco con el eslogan árabe
Una mujer que llevaba un chaleco con el eslogan árabe "viva el Rey, abajo con la mafia de bienes raíces", canta consignas durante una manifestación en un terreno contra el grupo inmobiliario Bab Darna. Foto: AFP
Credibilidad

Según el secretario general de Transparencia Marruecos, Ahmed Bernoussi, el sector inmobiliario "es un caldo de cultivo para la corrupción".

En 2017, el Tribunal de Cuentas declaró que "una economía de renta y de especulación inmobiliaria orienta el mercado inmobiliario".

"Los promotores trabajan con los funcionarios electos y, a menudo, los propios funcionarios elegidos se erigen en promotores inmobiliarios", afirma un arquitecto marroquí que solicitó el anonimato.

El caso de Bab Darna ha supuesto un "duro golpe a la credibilidad del sector", afirma Anis Benjelloun, vicepresidente de la federación de promotores inmobiliarios.

"La federación no ha dejado de denunciar este tipo de prácticas. No se trata de una operación inmobiliaria, sino de una estafa autorizada por un dispositivo laxo", afirma.

Interrogada por la AFP, la ministra de Urbanismo y Hábitat, Nezha Bouchareb, reconoce una "serie de disfunciones y prácticas ilegales. Debemos hacer más para corregirlos".

Las ventas de viviendas aún sin construir, que provocan periódicamente escándalos, se rigen por una ley del 2002, modificada en 2016 pero sin decreto de aplicación. Según la ministra, este está “en proceso de finalización”.