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El nuevo aeropuerto para la Ciudad de México se construía en Texcoco. Así se veía el 17 de octubre del 2018. (AP)
Ciudad de México. Ciudadanos y empresarios mexicanos consiguieron este lunes que un juez suspenda “de manera definitiva” la construcción de un nuevo aeropuerto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ordene además preservar las obras de otra millonaria terminal que el mandatario ordenó cancelar.
El colectivo #NoMásDerroches, integrado por organizaciones civiles, pero también por poderosos gremios empresariales, dijo que la sentencia, otorgada por un juzgado del estado de México, responde a uno de los 147 juicios de amparo que ha presentado ante la Justicia mexicana.
Su objetivo es “que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación” del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y asegure que el proyecto de la nueva terminal, conocida como Santa Lucía, “cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios”, indicaron los demandantes en un comunicado.
Hace 10 días, el colectivo obtuvo una primera sentencia favorable de otro juzgado del estado de México que ordenó una suspensión temporal de Santa Lucía.
López Obrador -que ha calificado el NAIM de obra "faraónica" y "plagada de corrupción"- dijo el viernes que las demandas son parte de una campaña mediática de quienes están "molestos" porque perdieron el "pequeño negocito" que querían hacer. Agregó que en caso de que logren su objetivo, revelaría los nombres de los demandantes.
La terminal de Santa Lucía, de cuya edificación estaba en manos de las Fuerzas Armadas, ha sido señalada por López Obrador como un ejemplo de política “racional y austera” frente al proyecto cancelado.
El gobierno estima que Santa Lucía costará unos $4.000 millones frente a los $13.000 millones previstos para el cancelado NAIM, obra insignia del pasado gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El colectivo detalló que la suspensión de las obras de la terminal de Santa Lucía se mantendrá hasta que se pueda verificar que cuenta con dictámenes y permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, prospección arqueológica, así como con estrategias de viabilidad social y política.
La sentencia también obliga al gobierno de López Obrador -un izquierdista conocido por sus iniciales como AMLO- a mantener los avances del NAIM tal y como se encuentran y a paralizar cualquier orden de "destruir, desaparecer, desmantelar" o modificar de cualquier manera las obras existentes, hasta la resolución final de los juicios.
La cancelación del NAIM, decidida tras un cuestionado referendo realizado sin supervisión de autoridades electorales, indignó al empresariado local y sacudió a los mercados financieros, además de forzar al gobierno a pagar millonarias indemnizaciones a inversionistas de la obra.
