Managua. La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, culpó este martes a la oposición, a la que acusó de infligir un “terrorismo golpista”, por la muerte de 197 personas en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Son “197 hermanos cuya vida fue cegada por el terrorismo golpista, por los criminales. Ello los mataron”, sentenció la primera dama en su alocución diaria a medios oficialistas.
“¡Que paguen por sus crímenes, ellos los golpistas asesinaron a estos hermanos!”, dijo Murillo.
Sustentó la cifra de muertos en un informe presentado este martes por la Policía el cual señala que entre el 19 de abril y el 25 de julio murieron 197 personas “víctimas del terrorismo golpista”, entre los que reconoce el deceso de 22 policías y solo cinco estudiantes universitarios, que encabeza las protestas.
La vicepresidenta afirmó que el gobierno sabe quiénes dirigieron, promovieron, financiaron y ejecutaron “el golpe de Estado, ese sangriento intento de detener el buen rumbo que llevaba” Nicaragua.
Pero “vencimos, somos libres, no pudieron y no pasarán”, manifestó la esposa del gobernante al referirse a los manifestantes que el gobierno también ha calificado de “derechistas, satánicos, vandálicos, delincuentes” y personas “diabólicas”.
En su intervención, pidió varias veces justicia para las víctimas de “los golpistas” y desconoció la responsabilidad del gobierno en la violenta represión que se ejerció contra los manifestantes, que según organizaciones de derechos humanos dejan 317 muertos y al menos 2.000 heridos.
Rosario Murillo señaló que las cifras han sido manipuladas para “para dañar la imagen del gobierno de Nicaragua”, y rechazó que exista una campaña “de difamación nacional e internacional” montada contra la administración del presidente Ortega.
Los grupos de derechos humanos, por su lado, afirman que los muertos fueron ocasionados por la violenta represión cometida por antimotines y paramilitares contra los manifestantes en las marchas y en la llamada “operación limpieza” de barricadas opositoras en vías y ciudades.
La oposición denunció la semana pasada que el gobierno ahora ha emprendido una fuerte persecución y detenciones ilegales contra activistas y las personas que participaron en las protestas.
En tanto, más de 130 opositores han sido detenidos y encausados judicialmente en los últimos días por terrorismo y otros delitos con base en una ley promovida por el gobierno que castiga con hasta 20 años de prisión la participación en actividades que alteren el orden constitucional.
Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones que luego se transformó en una demanda de salida del poder de Ortega debido a la represión y las muertes.