AFP . 26 octubre, 2018

Managua. Los expertos independientes que investigan las muertes y la violencia generada en Nicaragua desde el 18 de abril reiteraron el viernes que no existe voluntad por parte del gobierno de Daniel Ortega para colaborar con su trabajo y por eso recomendaron la creación de una Fiscalía Especial que ayude al proceso de alcanzar justicia.

Amérigo Incalterra, jefe de la misión del grupo de expertos creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo en rueda de prensa que hasta la fecha “no hay ninguna investigación interna” en la policía por el uso desproporcionado de la fuerza contra las manifestaciones antigubernamentales y tampoco han podido acceder ni a un solo expediente sobre las pesquisas en curso.

Amerigo Incalcaterra y Sofia Macher, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua escuchan sus preguntas durante una conferencia de prensa en Managua en octubre. Foto: AFP
Amerigo Incalcaterra y Sofia Macher, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua escuchan sus preguntas durante una conferencia de prensa en Managua en octubre. Foto: AFP

Por eso, ante la demostrada ausencia de garantías de una actuación independiente y objetiva del sistema penal, el grupo consideró que el Estado debería establecer de forma urgente una Fiscalía Especial para investigar los hechos de violencia

Según la CIDH, más de 320 personas han muerto fruto de la violencia política desencadenada en Nicaragua desde abril, cuando las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares afines a Ortega reprimieron duramente diversas manifestaciones pacíficas que acabaron exigiendo la salida del presidente. Además de las muertes, la Comisión dijo que habían tenido lugar numerosas detenciones arbitrarias, torturas y serias violaciones de los derechos humanos contra opositores de Ortega.

Los expertos independientes aseguraron que el gobierno solo investiga los casos en los que las víctimas son policías o simpatizantes del Gobierno y recomendó que la fiscalía especial que proponen se cree mediante una ley o conforme lo contempla el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público con el fin de “garantizar la independencia de los fiscales en la investigación y ejercicio de la acción penal".

“Muchos familiares de las víctimas muertas o quienes han sido víctimas de represión, han desistido de seguir pidiendo justicia y otras han tenido que salir del país por temor a represalias de parte del Estado” , comentó Incalterra. Añadió que los expertos han intentado reunirse con representantes de entidades públicas para intercambiar opiniones y obtener más insumos para su investigación pero que no lo consiguieron.

El grupo también pidió que quienes integren la nueva entidad sean fiscales “de un prestigio indudable” y que tengan el consenso de la mayor parte de los sectores de la sociedad civil, dijo Pablo Parenti, otro experto.

Sofía Macher, también integrante del equipo, indicó que presentarán al gobierno una propuesta de Plan Integral de Reparación a las Víctimas que no puede ser una moneda de cambio frente a la impunidad.

Por otra parte, el gobierno de Ortega impidió el viernes la entrada al país de tres representantes de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que habían sido invitados por la CIDH a una reunión en Managua.

“Lamentablemente nos fue negado el acceso a Nicaragua de manera completamente arbitraria” , denunció Marcia Aguiluz, una de las miembros del CEJIL, vía telefónica desde Costa Rica, al hablar con el Centro Nicaragüense de derechos Humanos, una ONG nacional.