AP y AFP. 6 agosto
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, asiste en Lima a una reunión de países que respaldan al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, asiste en Lima a una reunión de países que respaldan al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

Lima. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, presionó el martes por medidas radicales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y advirtió a los gobiernos y empresas extranjeras de que podrían enfrentar represalias si continúan haciendo negocios con el gobierno de Caracas.

Los comentarios de Bolton se produjeron luego de que la Casa Blanca congeló el lunes todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, colocando al país en una lista que incluye a Cuba, Corea del Norte e Irán, los cuales han sido objeto de ese tipo de agresivas sanciones financieras.

“Ahora, Venezuela es miembro de este club exclusivo de estados forajidos”, manifestó Bolton en Lima, en una conferencia de medio centenar de naciones alineadas contra Maduro.

La medida contra Venezuela, que además prohíbe a empresas e individuos hacer negocios con el gobierno de Venezuela, entró en vigor el lunes. Es la primera de su tipo en el hemisferio occidental en más de tres décadas, luego de una congelación de activos contra el gobierno del general Manuel Noriega en Panamá y un embargo comercial al liderazgo sandinista en Nicaragua en la década de 1980.

“Enviamos una señal a terceros que quieran hacer negocios con el régimen de Maduro: procedan con extrema cautela”, expresó Bolton. “No tienen por qué arriesgar sus intereses comerciales con Estados Unidos para beneficiarse con un régimen corrupto y agonizante”.

“Si usted apoya al régimen de Maduro a través de transacciones comerciales, a través de cualquier clase de actividad que le aporte apoyo material, usted también queda sujeto a sanciones”, declaró a los periodistas.

Caracas sostuvo que con la orden ejecutiva se pretende “formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial” para “ahorcar” a la población y “forzar un cambio de gobierno inconstitucional”.

En un negocio que expende alimentos en Caracas se mostraban los precios, este martes 6 de agosto del 2019.
En un negocio que expende alimentos en Caracas se mostraban los precios, este martes 6 de agosto del 2019.

Asimismo, acusó a Washington de pretender darle “forma legal” al bloqueo de todos los activos y propiedades del Estado”. Se trata del “más grotesco y descarado saqueo”, añadió.

Aunque el decreto no es un embargo comercial absoluto, y evita al sector privado venezolano, representa la acción más dura de Estados Unidos para derrocar a Maduro desde que el gobierno de Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela en enero.

Impacto para terceros

De manera trascendental, también expone a las entidades extranjeras que hagan negocios con el gobierno de Maduro a las llamadas sanciones secundarias en Estados Unidos, un hecho que el gobierno venezolano no ha pasado por alto mientras trata de obtener respaldo al interior del país y en el extranjero.

Estados Unidos busca “amedrentar a países aliados, a proveedores” de Caracas, afirmó la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un comunicado.

También señaló que Washington trata de afectar el proceso de diálogo que se lleva a cabo en Barbados con la oposición, y con el cual se trata de resolver la crisis política y económica del país.

"A Rusia y China les decimos que su apoyo al régimen de Maduro es intolerable, particularmente para el régimen democrático que reemplazará a Maduro. Le decimos nuevamente a Rusia, y especialmente a aquellos que controlan sus finanzas: 'No dupliquen una mala apuesta'", expresó.

Bolton: sanciones países que hagan negocios con Venezuela

“A China, que ahora está desesperada por recuperar sus pérdidas financieras, la ruta más rápida para recibir un rembolso es apoyar al gobierno legítimo” de Guaidó, añadió Bolton.

“El objetivo aparente es darle a Estados Unidos la capacidad de aplicar la ley más allá de sus fronteras a aliados de Maduro como China, Rusia, Cuba, Irán y Turquía”, puntualizó Russ Dallen, jefe de la correduría Caracas Capital Markets, con sede en Miami. “Si dichas entidades extranjeras siguen haciendo negocios con Maduro, Estados Unidos podría congelar sus activos”.

El decreto de Trump fundamenta la decisión en la “prolongada usurpación del poder” por parte de Maduro y en los abusos a los derechos humanos por las fuerzas que le son leales.

Rusia, que apoya a Maduro, denunció las acciones el martes. Konstantín Kosachev, jefe de la comisión de asuntos internacionales de la cámara alta del Parlamento, consideró que las sanciones equivalen a “vandalismo internacional”, de acuerdo con información difundida por la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

Agregó que eso “representa “una abierta intromisión a los asuntos internos de Venezuela”.

Venezuela acusa a EE. UU. de intentar romper diálogo político

Pero incluso algunos aliados de Estados Unidos podrían verse afectados por la maniobra, que Bolton reconoció ha sido utilizada solo con moderación en el último medio siglo.

Varios países europeos, desde España con su petrolera Repsol, hasta Francia con la aerolínea Air France, siguen teniendo operaciones en Venezuela y podrían ver confiscados sus activos en Estados Unidos a menos que corten relaciones con el gobierno de Maduro.

India y China son los principales compradores del crudo de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Todas las compañías dependen de Estados Unidos para procesar los pagos financieros.

Golpe a la economía

El impacto de las sanciones en la vida real de los venezolanos es algo que está por verse.

La moribunda economía ha sufrido años de una inflación de seis dígitos, apagones generalizados y de una profunda contracción que supera la que sufrió Estados Unidos durante la Gran Depresión.

Sanciones anteriores contra la industria petrolera de Venezuela, que genera casi todas las divisas por exportaciones del país, han acelerado una caída drástica en la producción de crudo, la cual comenzó con la elección de Maduro en el 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez.

Más de 100 funcionarios y personas cercanas al gobierno han visto congelados sus activos en Estados Unidos y vetos a hacer negocios con estadounidenses.

Como parte de la nueva orden ejecutiva, los estadounidenses tendrán prohibido participar en transacciones con cualquiera que se determine está apoyando a Maduro o a su gobierno. Los que respalden al mandatario venezolano tampoco podrán ingresar a Estados Unidos.

Se harán excepciones en los casos de envío de alimentos, medicinas y ropa. Las transacciones con el sector privado de Venezuela, el cual aún tiene un tamaño considerable, tampoco parecen verse afectadas. No estaba claro cómo afectaría el decreto a la compañía petrolera estadounidense Chevron, que el mes pasado recibió una moratoria de tres meses del Tesoro estadounidenses para continuar sus prospecciones petrolíferas con la empresa petrolera estatal PDVSA.

Guaidó celebró la noticia.

“Toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen estará, para efectos de la Justicia internacional, colaborando y sosteniendo a una dictadura, y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben”, afirmó en una serie de tuits a última hora de la noche.

Geoff Ramsey, investigador de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), indicó que las medidas agravarán la crisis humanitaria a pesar de las excepciones para proteger a los más vulnerables, ya que los bancos occidentales evitan procesar incluso las transacciones legítimas.

“La verdad es que ningún institución financiera quiere chocar con el Departamento del Tesoro”, comentó.

El experto señaló que en lugar de insistir en la misma estrategia de embargos que no ha logrado producir un cambio de régimen, pese a emplearse durante décadas en la Cuba comunista, Estados Unidos debería hacer más para respaldar las negociaciones auspiciadas por Noruega entre Maduro y representantes de Guaidó.