Río de Janeiro AFP Río de Janeiro vivió ayer un nueva protesta contra el alza del boleto de autobús, en medio de una cascada de denuncias de pagos a manifestantes por grupos políticos para provocar violencia a solo cuatro meses del Mundial de Fútbol y ocho de las elecciones generales.
El manifestante de 23 años que fue arrestado el miércoles y acusado de encender la bengala que mató a un camarógrafo en una protesta, declaró a la Policía que “hay personas que alientan a los jóvenes a participar de las marchas” y que ya fue “invitado a participar de forma remunerada”.
Los manifestantes radicales, en su mayoría de origen humilde, también reciben a veces comida y pasajes para llegar a las protestas, relató Caio Silva de Souza, según su declaración policial obtenida por el diario popular Extra .
Aunque el joven no especificó si él mismo recibió un pago, su abogado, Jonas Tadeu Nunes, aseguró que él y otros manifestantes recibían $62 en cada protesta a cambio de “protagonizar actos violentos”.
Asimismo, Caio Silva de Souza negó haber encendido la bengala que mató al camarógrafo Santiago Andrade cuando filmaba una protesta el jueves pasado, y dijo que esta le fue entregada ya prendida por otro joven que también fue arrestado y es defendido por el mismo abogado.
La muerte de Andrade, que fue velado y cremado ayer, provocó una reacción de indignación generalizada de la población y de jerarcas, como la presidenta Dilma Rousseff o el entrenador de la selección brasileña, Luiz Felipe Scolari.
Caio Silva de Souza dijo a la policía que cree que “los partidos que llevan su bandera a las protestas son los mismos que pagan a los manifestantes”, y mencionó a algunos como el PSOL y el PSTU.
El impopular gobernador de Río, Sergio Cabral, detestado por los manifestantes, se sumó a las denuncias: “Esos dos jóvenes están insertos en un contexto mayor. Hay partidos políticos y organizaciones involucradas en esas acciones”, aseguró el miércoles a la prensa.
Una manifestante dijo que los dos detenidos por la muerte de Andrade eran conocidos del diputado estatal Marcelo Freixo (PSOL).
Freixo admitió que emplea en su gabinete a un asesor que también actúa en defensa de los manifestantes detenidos por la Policía, y negó rotundamente todo vínculo con ellos, aunque admitió que se equivocó al no condenar con más firmeza la violencia del grupo anarquista Black Bloc.
En medio de estas denuncias y tras la muerte del camarógrafo, ha ganado fuerza en el Senado un polémico proyecto de ley que considera terrorista la violencia física en las protestas callejeras.
Para el parlamentario, esta ley busca atender los pedidos de la FIFA para evitar protestas durante la Copa del Mundo.
En junio de 2013, durante la Copa de las Confederaciones, más de un millón de personas salieron a las calles contra el alza del boleto de bus, metro y tren, la corrupción de la clase política y el enorme gasto público en el Mundial.