Una fuerte condena internacional recibió el gobierno de Daniel Ortega tras la represión en la protesta opositora de este domingo y el arresto de 30 líderes y defensores de derechos humanos, que se manifestaban en el marco del movimiento antigubernamental que deja más de 320 muertos desde abril.
La marcha, convocada bajo el eslogan “Unidos por la libertad”, fue reprimida por la policía con bombas aturdidoras, golpes y arrestos.
El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; el presidente, Carlos Alvarado; y organismos internacionales de derechos humanos pidieron el “cese de la represión” y la liberación de las personas detenidas.
“Exigimos al gobierno Nicaragua libere a manifestantes retenidos, respete el derecho a la protesta pacífica en el país y cese la represión y todo tipo de intimidación contra líderes políticos y la población civil”, escribió Almagro en Twitter.
“Profundamente preocupantes las detenciones de esta mañana en Nicaragua. La represión que está sufriendo el pueblo nicaragüense debe acabar”, dijo también en esa red social el presidente Alvarado.
La cancillería costarricense señaló además en un comunicado que la situación de Nicaragua "afecta directamente" a esa nación en lo migratorio, social, económico y humanitario, por lo que solicitó a la comunidad internacional "su mediación" para restablecer el diálogo entre gobierno y oposición, suspendido desde junio.
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El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, denunció en Twitter “inaceptables actitudes represivas y autoritarias” este domingo en Nicaragua. Un “estado de excepción se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos”, dijo.
“Qué triste e indignante que se produzcan otra vez hoy en Nicaragua actos de represión de la Policía contra la población que se manifiesta pacíficamente. La represión no es la solución. Basta ya de detenciones arbitrarias”, expresó por su parte el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
También se pronunciaron contra lo ocurrido el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) y Amnistía Internacional.
La Policía informó que 30 personas, entre manifestantes y líderes de organizaciones fueron detenidas. Se les responsabiliza de convocar a una marcha sin el debido permiso. Otras ocho ya fueron liberadas.
Entre los detenidos estaría el costarricense Alejandro Cordero, sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por la cancillería costarricense.
En tanto, la defensora de derechos humanos Haydee Castillo fue bajada de un avión cuando intentaba viajar y recluida en la cárcel de El Chipote, en Managua, según familiares.
Castillo había denunciado una serie de hostigamientos de parte de autoridades y tiene medidas cautelares dictadas por la CIDH.