Conflictos

CPI fija en 10 millones de dólares compensación para niños soldados de milicia congoleña

Pago intenta recomponer la vida de estos jóvenes que, además del trauma de la guerra, son rechazados por sus comunidades y familias.

La Haya. La Corte Penal Internacional (CPI) fijó el viernes en 10 millones de dólares la compensación para los niños soldados obligados a luchar en la milicia del exjefe de guerra congoleño Thomas Lubanga.

La Corte “fija el monto de las compensaciones de las que Lubanga es responsable en una suma total de 10 millones de dólares, que incluye a la vez su responsabilidad respecto a las 425 víctimas presentes en la muestra y su responsabilidad en relación al conjunto de las otras víctimas potencialmente elegibles”, declaró el juez Marc Perrin de Brichambaut.

Sin número preciso. Aunque el tribunal reconoce 425 víctimas directas o indirectas entre los candidatos a recibir indemnizaciones, los jueces no consiguieron determinar el número preciso de víctimas y afirmaron que había “cientos o miles de víctimas adicionales” de la milicia de Lubanga en la República Democrática del Congo.

El daño de cada una de las 425 víctimas fue evaluado a 8.000 dólares. La CPI atribuyó 6,6 millones de dólares para otras posibles víctimas.

Condenado a 14 años de cárcel, el exjefe de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC) fue declarado culpable en 2012 de haber reclutado niños, algunos de los cuales apenas tenían 11 años, y de haberlos utilizado como soldados o guardias de seguridad en 2002 y 2003 en Ituri, en el nordeste del país.

El precio del daño. “Hay daños que no se pueden calcular. ¿Cómo calcular una juventud perdida? ¿Eso vale un millón? ¿Medio millón, 100.000 euros, 10.000 euros, mil euros?”, preguntó en una audiencia el año pasado el representante de las víctimas, Luc Walleyn.

Quince años después de los hechos, estos jóvenes que abandonaron las armas, que les habían obligado a tomar, siguen estigmatizados, tienen ideas de suicidio y viven constantemente en el miedo, habían señalado los expertos.

Muchas de las niñas que, como los niños, fueron forzadas a integrar las milicias, volvieron a casa años más tarde, a veces con un hijo en los brazos, fruto de las violaciones que sufrieron, y se encontraron con el rechazo de su familia o de la comunidad.

El problema no era “aprender a coser, ganarse la vida, sino sus vecinos, familias y amigos, que ya no les hablaban más”, explicó Sandra Olsson, de Child Soldiers International.

La mayoría de ellas quieren, antes que nada, “volver a la escuela”, había afirmado James Mehigan Mehigan, abogado de esta ONG, para “aprender y ganarse de nuevo el respeto de su comunidad”.

Pero, para la defensa, el autor de estos reclutamientos, que purga el final de su pena en una cárcel congoleña y tendría que salir en libertad antes del 2020, no tiene que pagar.

Su abogado, Jean-Marie Biju-Duval, había asegurado el año pasado que Lubanga se convertiría en el “chivo expiatorio del fenómeno de los niños soldados en Ituri”, que existe desde finales de los años 90.

“Para nuestro partido, este proceso solo es una manera de encarnizarse contra Thomas Lubanga” reaccionó este viernes Pele Kaswara Tahigomu, presidente del comité político del UPC.

Como Thomas Lubanga no tiene recursos, la Corte pidió al Fondo en Beneficio de las Víctimas examinar la posibilidad de “asignar un monto adicional para las compensaciones colectivas o continuar sus esfuerzos para la colecta de fondos suplementarios”.

Este fondo ya atribuyó un millón de euros al caso y propone un plan de acción de tres años con el objetivo de “reconciliar las víctimas con sus familias y las comunidades afectadas”.

Este órgano independiente, creado por el Estatuto de Roma, el tratado fundador de la CPI, recibe contribuciones voluntarias de la parte de los gobiernos miembros de dicho tribunal, de organizaciones internacionales y de particulares.

El fondo tendrá que contar con la participación de los Estados miembros de la Corte para conseguir reunir la suma fijada el viernes, indicó a la AFP su director, Pieter de Baan.

Thomas Lubanga puede apelar el mandato del tribunal.


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