Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el viernes que pidió a Nicaragua adoptar medidas para garantizar la “integridad” de 13 integrantes del movimiento estudiantil que protesta contra el gobierno de Daniel Ortega, así como sus familias.
La CIDH consideró que están “en riesgo” Lésther Alemán y Víctor Cuadras, dos de los rostros más conocidos del movimiento, así como Bosco Bermúdez, Brandon José Cruz, Fernanda Porto, Fernando Sánchez, Ángel Gabriel Rocha, Guisselle Malespín, Judith Mairena, Mildred Rayo, Madelaine Caracas, Jeancarlo López y Kevin Rodrigo Espinoza.
Para conceder estas “medidas cautelares”, la CIDH dijo que tomó en cuenta los testimonios de los estudiantes entrevistados durante su visita de trabajo a Nicaragua, quienes denunciaron actos de violencia en su contra por participar en las protestas sociales que desde mediados de abril sacuden al país, y que dejan 78 muertos y centenares de heridos.
Además de ser atacados, incluso cuando asistían a heridos o entregaban agua y alimentos, estos estudiantes denunciaron amenazas de muerte telefónicas o en redes sociales, seguimientos en vehículos a manera de intimidación y una “gran estigmatización” con fichas de identificación denominadas “rostro del caos”, indicó la CIDH en su comunicado.
“La Comisión observó con preocupación, al momento de determinar la gravedad de la situación, que incluso habría personas ‘infiltradas’ entre los estudiantes que atemorizarían a los beneficiarios (de las medidas cautelares) de manera constante”, dijo.
Según uno de los testimonios, esas personas rociaron gasolina sobre un estudiante, le quemaron el rostro y cabello y lo amenazaron con “quemarlo vivo” tras golpearlo “severamente”.
La CIDH, órgano autónomo de la OEA, finalizó el lunes su visita a Nicaragua con 15 recomendaciones, entre ellas el “cese inmediato de la represión” y el respeto a la vida de todos los manifestantes, “en especial estudiantes”.
Las manifestaciones contra el gobierno de Ortega comenzaron el 18 de abril como reacción a una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para incluir demandas de justicia por la muerte de decenas de estudiantes tras la violenta represión de las protestas por parte de la fuerza pública y grupos controlados por el gobierno.