EscucharCiudad de Guatemala
Un tribunal de Guatemala condenó este viernes a 40 años de prisión a dos exjefes policiales por la desaparición forzada del estudiante universitario y líder sindical Édgar Fernando García, ocurrida en 1984, informó una fuente judicial.
Los militares retirados Héctor Bol de la Cruz, exdirector de la desaparecida Policía Nacional, y Jorge Alberto Gómez, exjefe de sección, "cometieron el delito de desaparición forzada", señaló en su sentencia la jueza Jazmín Barrios, titular del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo.
Los procesados "privaron de su libertad al estudiante universitario y líder sindical Édgar Fernando García desde el 18 de febrero de 1984 cuando se produjo su detención, hasta la presente fecha", indicó la jurista.
Barrios es la misma jueza que el pasado 10 de mayo sentenció a 80 años de prisión por genocidio al exdictador Efraín Ríos Montt, pero la condena fue anulada 10 días después por la Corte Constitucional.
Durante el juicio se confirmó que Bol de la Cruz y Gómez son responsables de la captura ilegal y posterior desaparición forzada de García en un operativo denominado "Limpieza y Patrullaje", ordenado por el Ejército y realizado por la Policía, señaló el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una asociación humanitaria.
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El coronel retirado Héctor Bol de la Cruz (der.) fue condenado a 40 años de prisión junto a otro exoficial por un alto tribunal de Guatemala por una desaparición forzosa cuando fue director de la extinta Policía Nacional (PN) entre 1983-1985. (EFE)
"Durante el proceso (...), Jorge Alberto Gómez aceptó que ellos (la Policía) lo capturaron, pero que unas horas más tarde lo entregaron a la inteligencia militar", refirió un boletín del GAM, organización querellante en el juicio iniciado en julio de 2011.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en diciembre de 2012 al Estado de Guatemala por la desaparición forzada del líder estudiantil y ordenó varias reparaciones de carácter moral y material.
En virtud de ese fallo, al Estado guatemalteco deberá continuar las investigaciones y procesos judiciales con el fin de establecer la verdad total de los hechos e identificar y sancionar a todos los responsables, así como establecer el paradero de la víctima.
Esta caso se enmarca en las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la guerra civil que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 y que dejó 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, según la ONU.
