EscucharEl mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) fue renovado este lunes mediante la sesión de Consejo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ratificando una vez más la preocupación internacional que existe en torno a la violación de derechos humanos en Nicaragua.
Durante los próximos dos años el Ghren podrá continuar investigando lo que sucede en el país centroamericano, sobretodo en temas referentes a las comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes. Además, situaciones que tengan que ver con violencia.
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La resolución fue aprobada con 21 votos a favor, cinco en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea y Vietnam) y 21 abstenciones. En la sesión, la mayoría de países expresaron gran preocupación ante los “crímenes de lesa humanidad” que se puedan estar llevando a cabo en Nicaragua. Algunos de los que expresaron sus inquietudes fueron Estados Unidos, México y Argentina.
“La excepcional renovación por dos años de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua no es más que el reflejo de la gravedad y el constante empeoramiento de la crisis de derechos humanos de Nicaragua, y la clara falta de voluntad de su gobierno para colaborar con la ONU para afrontarla” dijo Claudia Paz del Centro por la Justicia y el Derecho Institucional (CEJIL).
Además, el texto de la nueva resolución lo realizaron ocho países: Costa Rica, Canadá, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Brasil.
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Votación del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua, para definir si continúan las investigaciones de "crímenes de lesa humanidad" en la nación centroamericana.
La renovación del Ghren se oficializa a tan solo semanas de haber presentado el primer informe el cual dio a conocer que Daniel Ortega y Rosario Murillo “lograron silenciar a los actores que defienden la democracia”, así como evidenciar situaciones de violencia, encarcelamientos, torturas entre otros.
En ese momento Michael Simon, presidente del Ghren afirmó que de prorrogarse el mandato profundizarían en “una línea de investigación será hacia los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. Otra será ver las implicaciones económicas, sobre todo implicaciones en materia de corrupción de las violaciones que hemos documentado”.
Además, “una tercera línea será profundizar en la cadena de mandos medios implicados en las violaciones del Estado”, detalló Simon.
Desde las protestas masivas en 2018, Nicaragua vive una crisis económica y social cada vez más profunda al manod de Daniel Ortega. Según el Ghren, durante estos cinco años más de 600.000 personas huyeron de Nicaragua.
