EscucharManagua. Nicaragua canceló la personería jurídica a 17 entidades sin fines de lucro, entre ellas la Asociación de Bancos Privados (Asobanp) “por incumplimiento de las leyes” y sus bienes pasarán a a manos del Estado, según una resolución publicada este viernes en el diario oficial.
Firmada por la ministra de Gobernación (interior), María Amelia Coronel, la resolución señala que estos organismos incumplieron por entre dos y 27 años las leyes que los obligaban a presentar informes financieros con detalle de ingresos y egresos.
"Lo referido a la liquidación de los bienes y activos de los 17 organismos referidos, se aplicará en la Ley 1115", dice el diario oficial La Gaceta.
La Ley 1115, en vigor desde mayo de 2022, regula los organismos sin fines de lucro y establece que en caso de incumplimientos, el gobierno puede privarlos de su personería y tomar el control de sus bienes.
Según la resolución, Asobanp no presentó estados financieros en el período 2020 al 2021 y su junta directiva estaba vencida desde el 3 de abril de 2020.
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Después de las protestas de 2018, el presidente Daniel Ortega endureció las normas y controles sobre organismos de la sociedad civil y unos 2.000 fueron declarados ilegales. (La Prensa de Nicaragua)
Además de Asobanp, con personería desde 1994, otras entidades afectadas son la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica Nuevas Esperanzas, la Asociación de Comerciantes del Mercado Central y la Asociación Centroamericana de Criadores de Caballos de Raza Iberoamericano, entre otras más.
La Asobanp, presidida por Juan Carlos Argüello, del Banco de la Producción, no comentó de inmediato la medida.
En 2021 fue detenido el banquero Luis Rivas, exdirectivo de Asobanp y del Grupo Promérica que opera en América Central, y condenado en 2022 a 13 años de prisión por "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y portación o tenencia ilegal de arma de fuego".
Después de las protestas de 2018, el presidente Daniel Ortega endureció las normas y controles sobre organismos de la sociedad civil y unos 2.000 fueron declarados ilegales.
Además, envió a prisión a unos 200 opositores políticos, entre ellos un obispo católico.
