EscucharSan Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró este miércoles al abogado colombiano Andrés Guzmán como comisionado presidencial de Derechos Humanos y libertad de expresión en este país centroamericano y la oposición en el Congreso cuestiona el nombramiento.
“Con este nombramiento, el gobierno de El Salvador seguirá reafirmando su compromiso con los Derechos Humanos de la población”, consignó un comunicado de la Presidencia.
Gúzman Caballero, quien fue profesor en universidades en España, Perú y Colombia, se especializó en derecho de nuevas tecnologías y también tiene carrera como defensor delegado de los derechos en los entornos virtuales y la libertad de expresión en la Defensoría de Colombia.
“Es una incoherencia”
Ante el anuncio, la oposición salvadoreña manifestó su desacuerdo antes la decisión del presidente Bukele, pues lo señalan tras la constante persecución y espionaje a periodistas. Así como los ataques constantes de diputados a la prensa.
“Es un nombramiento que más allá de la calidad personal de quien ha sido nombrado en el cargo, me parece que constituye una incoherencia mientras tenemos personas muertas y torturadas en centros penales, periodistas acosados y espiados y el presidente de la Asamblea Legislativa que le dice a la prensa que se vayan”, dijo la diputada opositora Claudia Ortíz, del partido Vamos.
Ortíz se ha convertido en una de las voces de oposición más fuertes en contra del presidente Bukele y su partido y fue una de las primeras en cuestionar el nombramiento de Guzmán debido a los ataques que recibe la prensa en ese país.
“Es una incoherencia no atender los problemas por la vía institucional (...) no generar por ejemplo, una vía legal, con normativa legal para velar por los derechos de los periodistas”, manifestó la diputada.
Cuestionamiento internacional
La población salvadoreña, según el comunicado, "por décadas fue excluida por el poder político, organizaciones no gubernamentales y representantes de la comunidad internacional que anticiparon sus intereses al bienestar de los salvadoreños".
Desde hace 14 meses, organismos humanitarias cuestionan las detenciones que se realizan en El Salvador sin orden judicial amparadas en el régimen de excepción con el que Bukele mantiene una "guerra" contra las violentas pandillas.
En marzo de 2022 el mandatario emprendió su cruzada, con masivos arrestos de sospechosos de ser pandilleros y les quitó el control territorial que ejercían desde hace años, lo que ha devuelto la sensación de seguridad a la población.
La ofensiva contra las pandillas cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, según encuestas, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica critican los métodos de Bukele.
El régimen de excepción fue declarado originalmente el 27 de marzo de 2022 por el parlamento, a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de ese año.
Desde entonces fueron detenidos unos 69.000 presuntos pandilleros, aunque unos 5.000 de ellos fueron liberados tras verificar que no estaban vinculados a estas bandas, según el gobierno.
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La ofensiva contra las pandillas cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, según encuestas, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica critican los métodos de Bukele. (MARVIN RECINOS/AFP)
