Tras cuatro años de las protestas contra Ortega en Nicaragua, familias de víctimas piden justicia

Managua. “Me duele respirar”, fue lo último que dijo Álvaro Conrado luego de que una bala lo alcanzó, cuando llevaba agua a estudiantes que protestaban contra el gobierno de Daniel Ortega hace cuatro años en Nicaragua. Su vida se detuvo, y también la de su familia.

Tenía 15 años cuando murió y aún estaba en el colegio. Las protestas habían empezado el 18 de abril de 2018. Dos días después, en medio de manifestaciones, recibió el disparo, aparentemente de un francotirador.

"Justicia y verdad. Eso es lo que queremos, que nos digan lo que pasó. A cuatro años de su muerte no hay ninguna persona detenida", dice Álvaro Conrado padre.

Mientras habla con la AFP, observa los objetos de su hijo en un espacio de su casa en Managua dedicado a su memoria: una patineta, zapatos deportivos, un diploma póstumo de bachiller y pósteres con la imagen de "Alvarito" que han llevado amigos y conocidos a su casa.

En 2018, manifestaciones masivas contra una reforma al sistema de salud se extendieron hacia el propio gobierno. Hubo barricadas y choques con la policía. El país se paralizó por cinco meses y las protestas fueron reprimidas con un saldo de 355 muertos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sumergido en una crisis política desde entonces, el gobierno ha ilegalizado a partidos opositores, a oenegés e incluso a universidades privadas donde se gestaron manifestaciones. No hay medios de prensa impresos independientes porque han sido clausurados.

Las entidades del Estado están controladas por representantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Ortega, un exguerrillero de 76 años en el poder desde 2007, obtuvo un cuarto mandato en las elecciones de noviembre pasado, con la mayoría de sus rivales presos y acusados de conspirar contra su gobierno con ayuda de Washington. Para el presidente, las protestas de 2018 fueron un intento de golpe de Estado que trató de replicarse antes de las elecciones en 2021.

Según la oposición y la comunidad internacional, las detenciones formaron parte de una estrategia para permanecer en el poder.

En días previos al aniversario del estallido social, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, lo calificó como “una explosión infernal, malévola, maligna” y advirtió que “no habrá perdón ni olvido”. Dijo que lo que se recordará será la “victoria sobre el mal”. “Allá aquellos que recuerdan esos días con mal corazón, que no reconocen el rol que jugaron en la destrucción”.

"El 20 de abril al mediodía, cuando recibí la llamada de que [Álvaro hijo] estaba herido, no lo podía creer. Es imposible olvidar todo ese momento. Lo recuerdo nítidamente", sostiene Álvaro padre, un ingeniero informático de 53 años.

Cuenta que perdió su trabajo en el Estado. Su esposa, en España, teme volver al país tras haber salido a denunciar el asesinato de su hijo con la Asociación Madres de Abril (AMA). Asegura que sufre hostigamiento permanente de autoridades y de simpatizantes del gobierno.

En Estelí (norte), Francisca Machado, de 48 años, es madre de Franco Valdivia, un estudiante de 23 años que estudiaba derecho y murió también durante las protestas. ”Era el menor de mis dos hijos (...) con tanto sacrificio lo saque adelante; en un instante le arrebataron su vida y me han dejado un gran vacío y dolor irreparable”, confía Machado.

"Estas fechas son de mucho dolor e impotencia. Para mí no existe borrón y cuenta nueva; quiero y exigiré justicia, cueste lo que cueste", agrega.

En la isla de Ometepe, en el lago Cocibolca, sur de Nicaragua, vive Justo Rodríguez, un agricultor de 69 años que fue capturado en 2020 por presuntamente participar en la conmemoración del segundo aniversario de las protestas, algo que él niega.

En la cárcel, donde pasó ocho meses, enfermó. Lo liberaron, pero quedó postrado en una cama, con dificultad para hablar. "Después que me llevaron ahí me trajeron hecho paste", es decir, en mal estado de salud, lamenta.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), uno de los pocos organismos independientes que, aunque ilegalizado, aún opera en el país, denunció que el gobierno pretende impedir las conmemoraciones.

Su presidenta, Vilma Núñez, dice a la AFP que el gobierno mantiene presos a 177 opositores, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia detenidos antes de las elecciones y condenados a penas de hasta 13 años. "Ha desatado otra ola de persecución con allanamientos, amenazas y arrestos".

Al menos seis músicos y productores con una posición crítica fueron arrestados recientemente, según Núñez. ”Otra forma de represión es quitar el pasaporte a la gente para que no viaje y si están fuera del país no pueden renovar ese documento, lo que les deja en ilegalidad”, añade.