Nyala. En el inmenso campo de Kalma, en Darfur, los desplazados de esta región del oeste de Sudán acogieron con alegría la decisión tomada por Jartum de entregar al presidente destituido Omar al-Bashir a la Corte Penal Internacional (CPI).
Expulsado del poder en abril de 2019 tras un levantamiento popular, el exautócrata está acusado desde 2009 por la CPI de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto de Darfur.
El destituido presidente había logrado hasta ahora eludir las órdenes de detención. Pero las nuevas autoridades de transición anunciaron que querían entregarlo al tribunal de La Haya, donde deberá ser juzgado.
“Todo el mundo se alegró cuando supimos que Bashir sería entregado a la CPI”, confiesa a la AFP Adam Ali, que vive desde hace años en el campo de Kalma, situado cerca de Nyala, la capital de Darfur del Sur.
Los habitantes de esta región torturada por el conflicto —más de 300.000 muertos y alrededor de 2,5 millones de desplazados según la ONU— llevaban tiempo exigiendo la entrega de Bashir a la CPI.
El conflicto estalló en 2003, cuando insurgentes de minorías étnicas se sublevaron contra el régimen de Jartum, en manos de la mayoría árabe, acusándolo de marginar a Darfur, una vasta región que abarca cinco estados.
Para aplastar a la rebelión, el gobierno de Bashir desplegó a una milicia llamada los Janjawid, acusada por numerosas oenegés de limpieza étnica y de violaciones colectivas.
Desde entonces, miles de estos exmilicianos fueron integrados en las filas de las “Fuerzas de Apoyo Rápidas" (RSF), una fuerza paramilitar dirigida por Mohamed Hamdan Daglo, conocido como “Hemedti”. Este es ahora miembro del Consejo Soberano, órgano formado por civiles y militares encargado de garantizar la transición.
‘Victoria’
Al cabo de largas conversaciones con los grupos rebeldes —en especial los de Darfur—, el primer gobierno tras Bashir, en funcionamiento desde el 8 de setiembre, decidió entregar al expresidente a la CPI.
Para Yakub Mohamed, un responsable en Darfur, esta decisión es una “victoria para las víctimas” y podría contribuir a “restaurar la confianza” entre la región y la capital.
En el campo de Kalma, Hassan Issac, un desplazado de 72 años, se declaró “aliviado", aunque advirtió: “Si Bashir y sus manos derechas no son entregados a la CPI, la paz nunca podrá instalarse en Darfur”.
Tres allegados del exautócrata —el exsecretario de Estado para Interior, el exministro de Defensa y de Interior, y el exjefe de las milicias Janjawid— serán igualmente transferidos a la Corte.
En cambio, todavía no hay fechas para su entrega ni para la del expresidente.
Las condiciones de “entrega de Bashir [...] serán negociadas con la CPI y los grupos armados””, indicó a la AFP el portavoz del gobierno, Fayçal Mohamed Saleh.
Las oenegés, como Amnistía Internacional, abogan por su parte por un traspaso rápido de Bashir.
Desde su destitución, se encuentra encarcelado en Jartum, donde fue condenado en diciembre a una pena de dos años de cárcel por "corrupción".
Con el deseo de romper con el antiguo régimen, el nuevo gobierno prometió lograr la paz en las zonas de conflicto en Sudán.