Por: Ricardo González 6 febrero, 2017

En la columna anterior iniciamos el análisis de la obligación que impone la nueva Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal , para las sociedades comerciales y otras estructuras jurídicas, en cuanto a suministrar información sobre la identidad de sus accionistas y beneficiarios finales.

Esta obligación informativa no se restringe a los entes societarios, pues también los fideicomisos, a excepción de los fideicomisos públicos, tendrán la obligación de mantener actualizada y suministrar al Banco Central la información sobre el objeto del contrato, el fideicomitente, el fiduciario o fiduciarios y los beneficiarios.

Por otra parte, las organizaciones sin fines de lucro, cuya actividad esté vinculada a la recaudación o el desembolso de fondos para cumplir con propósitos benéficos, religiosos, culturales, educacionales, sociales, fraternales, o para llevar a cabo otros tipos de “buenas obras”, incluyendo a las organizaciones sin fines de lucro asociadas (sucursales extranjeras de organizaciones sin fines de lucro internacionales), deberán informar sobre el propósito y los objetivos de sus actividades, la identidad de los miembros de la junta directiva, consejo de administración, directores o equivalentes, así como el cuerpo gerencial; además el detalle de los ingresos y egresos, registros e identificación de los donantes y de los destinatarios o beneficiarios de sus contribuciones o donaciones hasta la persona física, que sean iguales o superiores a un salario base, incluyendo la identificación de las estructuras compuestas por organizaciones afiliadas.

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante resolución fundamentada en una evaluación de riesgos sectorial, podrá definir otras organizaciones sin fines de lucro que, local o internacionalmente, puedan estar expuestas a riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, las cuales deberán cumplir con la información detallada en el párrafo anterior.

Como podemos apreciar, un tema que se inició con la supuesta intención de controlar fraudes fiscales, termina por crear un sistema de supervisión absoluta de la información más sensible de múltiples organizaciones que ni siquiera son contribuyentes del impuesto de renta. Continuaremos.