Trabajadores se jubilan con grandes disparidades en ingreso y años laborados

Si cotiza para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social (IVM) y es hombre se podrá retirar a los 62 años y obtendrá una pensión estimada de ¢361.415 mensuales; si es un educador con plaza en el Ministerio de Educación y cotiza para el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional se podrá retirar a los 55 años con una pensión estimada de ¢313.667 y si es un empleado del Poder Judicial se podrá pensionar a los 52 años con una pensión estimada de ¢424.712.

El ejemplo proviene del estudio Pensiones en Costa Rica: equilibrio y solidaridad, de Rafael Chavarría, Jorge Víquez y el superintendente general de pensiones, Álvaro Ramos para el Programa Estado de la Nación y que fue publicado en su más reciente informe, publicado el pasado 14 de noviembre.

Los tres regímenes citados son los más grandes del pilar básico, en el cual se hacen aportes individuales que se acumulan de forma colectiva y luego se entrega una pensión con un monto fijo.

Las diferencias provienen de los aportes y requisitos de cada régimen. Por ejemplo, el salario de referencia de cada uno es diferente.

En el Poder Judicial se considera el salario nominal, mientras que en los otros dos regímenes la base se estima en términos reales, es decir, tomando en cuenta la inflación.

También la cantidad de salarios que se utilizan para calcular el promedio son diferentes. En el fondo del Poder Judicial solo se contabilizan los dos últimos años, mientras que en el régimen del Magisterio y el de IVM se utiliza el salario de referencia con base en el promedio de los salarios de gran parte de la vida laboral.

También los aportes son diferentes, en el caso del IVM el trabajador aporta una cuota más baja que el Magisterio y el Poder Judicial.

El estudio no consideró la reforma a las pensiones al Poder Judicial aprobada en octubre pasado en primer debate en la Asamblea Legisativa.

¿Cuál es el problema de la disparidad?

Para Ramos el problema es que si dicha diversidad implica regímenes no sostenibles en el tiempo se crea una carga cuasifiscal que implica un costo de oportunidad para la atención de otras necesidades sociales mediante gasto público.

“Adicionalmente, regímenes en que las pensiones otorgadas están muy por encima de la media de las pensiones ordinarias o incluso del salario promedio de la población, acentúan la desigualdad de ingresos del país y por extensión, los efectos nocivos de dicha desigualdad”, señaló Ramos. VEA Entrevista.

Según el estudio que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Costa Rica en el 2016, entre el 2010 y el 2014 las pensiones contributivas explicaron, en promedio, un 8,1% de la desigualdad total en nuestro país.

Róger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio, coincidió con Ramos en que el principal problema es la sostenibilidad de los sistemas, especialmente en un periodo en el cual al país se la acaba el bono fiscal.

Según otro estudio de este informe, a partir del próximo año va a comenzar a aumentar más rápido la proporción de personas que demandan pensiones y atención de la salud, que los contribuyentes potenciales.

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Para Porras la discusión de este tema debe ser técnica y pasar por temas como la informalidad y también evaluar en qué se colocan los recursos de los fondos.

Pamela Jiménez, investigadora del Programa Estado de la Nación, explicó que la posibilidad de pasar a todos los trabajadores a un solo régimen, por ejemplo el IVM, es un tema político y técnicamente complejo, que el país no se ha planteado, no necesariamente significaría mayor sostenibilidad para este sistema y tampoco resuelve los retos que plantea el envejecimiento poblacional sobre los sistemas de pensiones, ni problemas de gestión que pueda enfrentar el Fondo.