En los últimos años, se han propuesto legislativamente proyectos que pretenden proteger a los deudores mediante topes a las tasas de interés.
Este tipo de controles no son nuevos ni poco comunes a nivel internacional. A pesar del rol fundamental sobre el bienestar económico de las familias que tiene el crédito –permitiendo la transferencia de recursos en el tiempo (por ejemplo, al momento de adquirir una vivienda o invertir en educación), suavizando el consumo o a la hora de enfrentar imprevistos– el préstamo de dinero carga con el estigma de constituir una actividad no directamente productiva o de ser considerado como un mecanismo para extraer rentas indebidas de los deudores.
Además de múltiples referencias morales, religiosas y jurídicas sobre la usura en diferentes culturas, por lo menos desde el año 2000 a.C. hay evidencia de controles sobre tasas de interés. Un estudio reciente del Banco Mundial muestra que este tipo de medidas son comunes, tanto en economías avanzadas como en desarrollo, y dentro de estas últimas especialmente frecuentes en el África Subsahariana y en América Latina; pero, a pesar de lo frecuente de su uso, las evaluaciones sobre su efectividad y sus consecuencias colaterales son pocas y controversiales.
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En el caso de mercados crediticios imperfectos, topes a los tipos de interés podrían favorecer el bienestar, limitando las ganancias no competitivas de los prestamistas y evitando la extracción de rentas de los hogares que enfrentan dificultades para cambiar de fuente de financiación hacia las menos onerosas (por ejemplo, por tener problemas financieros o por la existencia de barreras de acceso). También, suele argumentarse, podrían contribuir a limitar el sobreendeudamiento de los hogares, cuando se presume que son incapaces de determinar, por ellos mismos, el nivel de deuda que pueden manejar.
Sin embargo, estos beneficios podrían desaparecer, con facilidad, cuando se fijan topes excesivamente bajos con respecto a los costos reales de los diferentes tipos de préstamos (costos de financiamiento, de administración y los asociados con el riesgo de no pago), conduciendo a una reducción de la oferta de crédito en aquellos segmentos de la población cuya atención no resulta rentable para las instituciones financieras y, por tanto, a un incremento en la informalidad.
Si el objetivo es corregir las imperfecciones del mercado, medidas como proveer educación financiera a la población y dotar a los supervisores bancarios de mandatos más efectivos y contundentes en materia de competencia y protección del consumidor suelen ser mucho más efectivos.
Al final, como cualquier decisión de política pública, el diseño que adopte la acción gubernamental debería estar basada en un apropiado conocimiento del mercado que se regula y de los efectos que generan las opciones de intervención. En el proceso político, en sociedades democráticas modernas, lo único inaceptable sería que terminarán pesando más el desconocimiento, los prejuicios – ideológicos o personales – o los intereses empresariales.