El superintendente general de Entidades Financieras, Bernardo Alfaro, advirtió a los diputados las serias consecuencias que podría tener para el sistema financiero un borrador de proyecto de ley especial para la flexibilización crediticia, a partir de la afectación económica generada por el covid-19.
El borrador de proyecto, que ha cambiado varias veces, fue enviado a consulta a Alfaro, quien el pasado 28 de marzo remitió sus observaciones a los legisladores.
En una carta enviada al diputado socialcristiano, Pablo Heriberto Abarca, quien dirige la mesa de trabajo que valora esta iniciativa, Alfaro expresa cuatro preocupaciones. La primera es que no se pueden condonar préstamos porque el dinero que prestan las entidades financieras es de los ahorrantes y del propio patrimonio de las instituciones.
“Cuando un intermediario financiero concede un crédito de ¢10, el banquero aporta ¢1 (por eso la suficiencia patrimonial requerida es de 10%), y los otros ¢9 provienen de los dineros depositados por los dueños de cuentas corrientes, ahorrantes, inversionistas, en general por los depositantes que confiaron sus dineros a la entidad”, explicó Alfaro.
La segunda de las observaciones es que una moratoria afecta la liquidez de las entidades.
“Las entidades contienen siempre una proyección de ingresos para soportar las eventuales salidas de dinero. Esa proyección de influjos claramente se altera ante una situación como la que estamos viviendo, por lo que resulta imperativo echar mano a otras fuentes de recursos; las líneas de crédito del exterior se han estado dificultando dado que la situación de calamidad es global, y por ende cada entidad deberá realizar una valoración de su situación particular”, detalló Alfaro.
Alfaro explicó que si se hiciera una moratoria generalizada por cuatro meses, las entidades supervisadas dejarían de recibir ¢1.713.000 millones (¢885.000 millones de intereses y ¢829.000 millones de amortización).
“La carencia de semejante nivel de dinero dificultaría severamente la capacidad de atender los desembolsos que requieran las empresas sobre sus líneas de crédito a efectos de paliar la difícil situación; y peor aún, dejaría en situación vulnerable a las entidades si los depositantes llegaran a preferir un desembolso de sus recursos por pánico o necesidad”, aseveró el Superintendente.
Si la moratoria se limitara a cuatro sectores: crédito personal (consumo, tarjetas, vehículos y vivienda), turismo, construcción y pymes (pequeñas y medianas empresas), los requerimientos antes mencionados se reducen a un 73% de la suma total; es decir, implicaría una reducción de ingresos de ¢1.249.332 millones.
“Cuatro meses de moratoria total sobre los cuatro sectores considerados por los señores diputados implica entonces un monto que tendría un impacto muy sustancial en la liquidez del sistema”, dijo Alfaro.
“De perdurar los problemas más allá de lo esperado, una vez comprometida la liquidez, el último resguardo quedará en el nivel de capitalización de las entidades; se complicaría mucho el panorama, y quedaríamos en inminente peligro, si se diera un eventual deterioro en los niveles de capital”, añadió.
Lo tercero, es que no se puede hacer una moratoria generalizada porque no todos los sectores resultan perjudicados.
“Las medidas de aplicación general deberían ser evitadas porque no distinguen la verdadera situación de los deudores”, expresó Alfaro en el texto.
Cuarto, las entidades tienen que respetar ciertos plazos. Por ejemplo, los intereses con atrasos superiores a los seis meses, ya no pueden seguir devengándose contablemente, entonces si la moratoria se extiende ya no podrían registrar esos intereses y eso afectaría sus resultados.
Alfaro también argumentó que ya los bancos están readecuando los créditos de los deudores que están teniendo problemas.
“Creemos que debe valorarse que las medidas que han adoptado la mayoría de los intermediarios financieros han ido en la dirección correcta: han tratado de modo distinto a los sectores evidentemente más afectados (turismo, algunos comercios, servicios de transporte) para los cuales han determinado moratorias de hasta nueve meses; micro y pequeñas empresas, para quienes la moratoria se ha extendido hasta por cuatro meses; deudores con ingresos variables –no asalariados- para quienes las moratorias oscilan alrededor de los tres meses”, dijo Alfaro.
Además, han suspendido las ejecuciones judiciales por un lapso prudente, en algunos casos de hasta seis meses; y se ha estimulado al máximo el uso de medios digitales para solicitar las adecuaciones y conceder los beneficios antes descritos.
Precisamente, el lunes 30 de marzo, el El Banco Nacional informó de que ha readecuado 107.305 créditos y el Popular 30.171.
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En todo caso, enfatizó el Superintendente, en caso que pueda determinarse que alguno de los entes supervisados no está cumpliendo su deber de atender y proteger a sus clientes en la actual coyuntura, pueden notificarlo a la Sugef para tomar las disposiciones que correspondan.
¿Qué propone el proyecto?
Abarca, explicó que por ahora lo que hay es un borrador de proyecto y que la principal preocupación de los diputados es que todos los deudores cuyos ingresos resultan afectados por la situación del nuevo coronavirus puedan recibir ayuda de las entidades financieras.
El diputado explicó que este lunes 30 de marzo se reunieron de nuevo y acordaron que el plan solo cubra a la gente afectada por el covid-19, no es generalizado.
Ante la consulta de que los bancos ya están readecuando créditos a las personas afectadas, Abarca respondió: “Lo que estamos es garantizando que se le dé a todo el mundo que está afectado; si el proyecto de ley es innecesario, pues que lo digan los entes, lo que estamos haciendo es un esfuerzo para garantizarnos que sea para el mundo que tuvo afectación”.
Añadió que hay gente que ha dicho que las entidades financieras no le han resuelto.
“Nos podemos acercar a un texto que tenga el aval de Sugef, y ese escenario le daría viabilidad”, añadió Abarca.
La readecuación que propone el plan es que se suspenda el cobro de amortización e intereses por un periodo de cuatro meses a partir de la vigencia de la ley y las cuotas incluidas en la suspensión de cobro, serán canceladas una vez que finalice el plazo de la operación crediticia, de forma mensual, por el mismo plazo de la suspensión de cobro, sin perjuicio de la posibilidad de readecuación prevista en la presente ley.
Abarca enfalizó que no apoyaría un proyecto que no tenga el aval de la Sugef.
“El proyecto lo que es importante es que no le haga daño al sistema financiero, si ya ellos (los bancos) están haciéndolo (readecuaciones) no veo problema que nosotros remachemos”, expresó Abarca.
Los diputados también discuten otro proyecto de ley para adelantar el pago del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) para las personas cuyos ingresos se vean afectados por el nuevo coronavirus, ya sea porque les redujeron la jornada laboral y el salario o se quedaron sin empleo.
Al respecto el Banco Central realizó una propuesta para ofrecer liquidez a las operadoras para que puedan realizar la devolución, mientras que la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), dijo trabajar en un texto sustitutivo.