Reglamento legislativo y atrasos del Poder Ejecutivo son los responsables en lenta aprobación de préstamos

Es en el inicio del trámite y su aval, no en la ejecución en sí, en lo que más duran los préstamos autorizados a Costa Rica, según Meira.

Según Erwen Masís, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, ciertamente, el proceso de aprobación de los préstamos internacionales en el país es lento, pero considera que esto no solo es culpa de la Asamblea, sino que es una responsabilidad compartida.

De manera similar piensa Carlos Ricardo Benavides, jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN). La responsabilidad de la gran cantidad de meses que duran los préstamos ya aprobados por una entidad internacional, opina Benavides, termina cayendo en la Asamblea, aunque el Poder Ejecutivo tiene parte de la responsabilidad.

El Reglamento legislativo es el principal embudo al que se enfrentan los créditos que llegan al Congreso. Sin embargo, es un tapón no solo para estos trámites, sino para casi cualquier proyecto legislativo, según Benavides.

En el caso de préstamos del BID, existen casos que tardaron hasta 57 meses dando vueltas en la Asamblea Legislativa. Es decir, más de un período parlamentario completo.

Sin embargo, también tienen atrasos significativos desde el momento en que los préstamos son aprobados por la entidad internacional y cuando entran a la corriente legislativa.

Benavides explicó que la responsabilidad en esos atrasos es únicamente del Ejecutivo, puesto que es ese Poder el que debería velar por que el proceso avance cuando hay dinero de por medio, máxime cuando son casos de emergencia.

Con respecto al préstamo de $20 millones para atender la emergencia causada por la tormenta tropical Nate, que pone como ejemplo Meira, se tardó 120 días entre el momento de la catástrofe natural y la remisión del expediente a la Asamblea y el atraso fue del Poder Ejecutivo, según Masís.

Nate afectó al país entre el 4 y el 6 de octubre del 2017. Sesenta y ocho días después, el 12 de diciembre del mismo año, el directorio del BID aprobó el préstamo. La firma entre las partes se dio 62 días más tarde, el 12 de febrero. El proyecto fue presentado a la corriente legislativa poco más de un mes después, el 22 de marzo, y entró a despacho luego de 90 días, el 20 de junio, para pasar a la Comisión de Asuntos Hacendarios cinco días después.

“Esta Asamblea, en particular, ha demostrado que está dispuesta a acelerar todos los trámites que sean necesarios”, declaró el jefe de fracción del PUSC.

Hay claridad de que la aprobación es lenta, pero se debe a lo heterogénea que es la Asamblea Legislativa, según Carlos Avendaño, jefe de bancada de Restauración Nacional. Según Avendaño, el impacto es negativo, pero la ejecución de los préstamos, luego de ser aprobados, es igualmente lenta. Esto causa perjuicios pues el país paga intereses por el dinero subutilizado.

Para la subjefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez, hay dos vías para trabajar en que los proyectos sean vistos y resueltos con la celeridad que el país requiere. La primera es con la ruta política que posicione en el centro del debate el proyecto en cuestión y que se busquen las vías rápidas necesarias.

La segunda medida, según Pérez, es avanzar en las reformas que requiere el Reglamento de la Asamblea Legislativa, que está pensado en el bipartidismo. Dada la pluralidad de partidos del Congreso actual, es necesario un reglamento mucho más ágil y expedito, en el que una persona no sea capaz de obstaculizar un proyecto específico solo porque no le interesa, según la congresista del PAC.