Las medidas para reducir el gasto del Gobierno Central, incluidas en la propuesta del Poder Ejecutivo al Fondo Monetario Internacional (FMI), serán más visibles en el mediano plazo, explicaron las autoridades económicas, las cuales también dejan la puerta abierta para discutir otras ideas.

El recorte que consiguen los ajustes propuestos es mayor a medida que pasan los años hasta llegar a un monto equivalente al 1,88% del producto interno bruto (PIB), en el 2024, incluyendo tanto aquellas de carácter temporal como las permanentes.

Aún así, del 2020 al 2024, el ahorro en gasto queda por debajo de lo que generaría el incremento en los impuestos, el cual llegaría a representar, en el 2024, 3,77% de la producción.

El Gobierno presentó su propuesta el jueves 17 de setiembre con el fin de discutirla e iniciar las conversaciones con el FMI, en la primera semana de octubre.

El sector empresarial criticó que las medidas de ajuste planteadas se recarguen sobre las empresas y ciudadanos y dejen de lado el gasto estatal.

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Pese a los anterior, el Poder Ejecutivo defiende el balance entre nuevos ingresos y menores gastos que aporta el plan.

“Si analiza el periodo de cuatro años, se da cuenta que al inicio estará más concentrado en ingresos, pero conforme pasan los años, ese balance cambia y empieza ser muy importante el tema del gasto”, declaró el ministro de Hacienda, Elian Villegas.

Medidas para bajar el gasto

Las acciones permanentes para bajar el gasto propuestas por el Gobierno incluyen recortes al presupuesto ordinario del 2021 y la aplicación de la regla fiscal, que es un límite al crecimiento del gasto que varía según el comportamiento de la deuda y la producción.

En el proyecto de ley de presupuesto del 2021 el gasto primario, que es el aquel al cual se le restan la amortización y los intereses, baja en ¢368.644 millones, 5,3% respecto al presupuesto aprobado a agosto del 2020.

Otra medida es el proyecto de ley de empleo público (expediente 21.336), el cual introduce, entre otras reformas, el salario global para las nuevos servidores públicos.

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“Esto permitirá eliminar la desigualdad salarial (de una institución a otra) en puestos que desempeñan las mismas funciones, así como la existencia de incentivos salariales”, señala el documento de la propuesta.

La tercera medida es la transformación, fusión o eliminación de los órganos desconcentrados. Se trata de entidades que pertenecen a los ministerios y que, hasta este 2020, tienen sus propias juntas directivas y manejan presupuestos aprobados por la Contraloría General de la República.

La cuarta es la restructuración de los departamentos de servicios de apoyo de los órganos desconcentrados (como los de recursos humanos).

La coordinadora del equipo económico y ministra de Planificación, Pilar Garrido, explicó que el primer paso para las medidas con los órganos desconcentrados se dio con la incorporación de sus presupuestos al plan de gastos ordinario del Gobierno Central, para el año 2021.

Garrido detalló que con los cambios en los órganos calcularon inicialmente que se despedirían a 200 funcionarios.

“Esta es una medida que se compone de dos partes: la primera es la eliminación y fusión de órganos desconcentrados, y la segunda, que consolida los centros de servicios de apoyo para los ministerios, eso son, particularmente, servicios administrativos que estarían duplicados, proveeduría, legal, recursos humanos. Entonces la idea es concentrarlos y ahí estarían también algunos (puestos) que aportan a esos centros que serían desvinculados”, detalló Garrido.

La quinta medida es la eliminación de las nuevas anualidades durante cuatro años.

Por su parte, las medidas temporales para bajar el gasto serían dos: un proceso de movilidad voluntaria de funcionarios públicos para aproximadamente 7.000 personas y la reducción de la deuda política, en 50%. La deuda es el monto que aporta el Estado a los partidos políticos para realizar campaña para las elecciones nacionales y municipales.

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Garrido explicó que como incentivo a los trabajadores para esta movilidad se les está ofreciendo 11 años de cesantía, en lugar de los ocho años.

“El tema de movilidad laboral el primer año es negativo, más bien hay que poner -0,02% (del PIB); pero a partir del segundo año empieza a generar 0,38%, 0,37% y 0,35% para el cuarto año. Entonces, ahí se ve el efecto del control del gasto”, explicó Elian Villegas.

Medidas para evaluar instituciones

¿Por qué no hay medidas para evaluar las instituciones? ¿Cuáles deberían seguir funcionando y cuáles no? ¿Cuáles deberían fusionarse?

“Nosotros tenemos una línea de trabajo que pasa por reforma administrativa y en este momento no hace parte de la primera versión del plan porque también tiene que ser una opción políticamente viable", respondió Garrido.

"No obstante, estaríamos valorando en las conversaciones de las próximas semanas, en conjunto con las diferentes fracciones legislativas, la posibilidad de incorporar este trabajo que ya viene haciendo Mideplán, de diseño institucional y de reingeniería de sectores específicos dentro de la propuesta final que se lleve al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, valorando con ellas la pertinencia y la oportunidad para poder hacerlo”, añadió.

Ella apuntó que si se considera de manera conjunta con las fracciones legislativas que es el momento oportuno de hacer la reforma administrativa en el marco de la negociación con el FMI, se estaría incorporando.

“Lo que se trata también es evitar entorpecer el acuerdo con el Fondo y, sobre todo, el ajuste que se necesita hacer porque es sumamente urgente, y evitar bloquear la discusión con otras iniciativas que no permitan responder con mayor eficacia a la urgencia, que es contar con ese ajuste, y poder tener acceso a los recursos para que nuestro país vaya por una senda de estabilidad macroeconómica y bienestar de las familias”, aseveró Garrido.