El Poder Judicial asegura que si migra al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) incurrirá en una pérdida de $2 millones al dejar de usar su propia plataforma de adquisiciones.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva de la institución judicial, confirmó el impacto negativo en las finanzas si cumplen con la obligatoriedad de efectuar todas sus compras en Sicop.
La Corte y el Ministerio de Hacienda están enfrascados, desde junio anterior, en una discusión sobre el uso de la plataforma gubernamental de adquisiciones.
Incluso Hacienda rechazó el pedido de la institución judicial de poder continuar con el uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial (SIGA-PJ).
La posición de la Corte surge después de publicarse, este 9 de julio en La Nación, la decisión de Hacienda de no aceptar que la institución judicial mantenga una plataforma de contratación diferente a Sicop.
Sicop es un programa que permite a las entidades acceder a todos los proveedores de bienes y servicios con el Estado, lo cual ayuda a abaratar los costos de contratación.
Además, la información del sistema es pública, lo cual permite a cualquier ciudadano conocer quiénes venden a entidades públicas.
La Directora Ejecutiva del Poder Judicial resaltó que la propuesta es lograr una visualización de todas las compras en Sicop, pero mantener los procesos en el sistema judicial.
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Para tal objetivo solicitaron a Radiográfica Costarricense (Racsa), administradora de la plataforma Sicop, crear una interfaz que permita dicha integración. Aún no han tenido respuesta a dicha solicitud ni el costo estimado.
"Con la incorporación al Sicop se estaría cercenando el uso del SIGA-PJ, lo que trae como consecuencia desechar la gran inversión realizada en el módulo de compras y tener una planilla paralela para que trabaje en ambos sistemas", explicó Romero.
La jerarca insistió en que la plataforma de la institución cumple con el principio de transparencia y accesibilidad de la información para cualquier usuario.
La entidad sostuvo que incorporarse a Sicop tendría un costo anual, estimado, de ¢250 millones.
Durante el primer semestre del año, el Poder Judicial tramitó compras por ¢12.608 millones en sus sistema de contratación administrativa.
Costa Rica ha tratado de implementar un sistema único de compras desde el 2010, cuando inició con el instrumento llamado Mer-Link que luego pasó a llamarse Sicop.
No obstante, ha sido difícil que todas las entidades accedan a utilizarlo y, por ello, el exdiputado Ottón Solís impulsó una ley para convertirlo en obligatorio la cual comenzó a regir en setiembre del 2017.