La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) solicitó a Costa Rica acelerar cambios legales para mejorar la protección de los consumidores, con particular énfasis en el comercio electrónico.
Las recomendaciones se encuentran en el informe Política del consumidor en Costa Rica, el cual se publica este 2020 por un acuerdo entre las partes, según informó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), este jueves 1.° de octubre.
El país ya fue invitado a formar parte de ese grupo de países, desde el 15 de mayo de este año, y este informe fue elaborado por el Comité de Políticas del Consumidor de ese grupo.
La organización recomendó fortalecer la ejecución del decreto que estableció el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, mediante el cual se coordina toda la política pública en ese campo y la labor de las entidades involucradas.
Además, solicitó un fortalecimiento del trabajo de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), para detectar prácticas fraudulentas de comercio electrónico y prácticas comerciales desleales.
La DAC es donde los consumidores pueden presentar denuncias por irregularidades en el mercado, tales como incumplimiento de garantía, incumplimiento de contratos, falta de información o publicidad engañosa.
Dicha entidad debe realizar una investigación que puede derivar en sanciones por medio de la Comisión Nacional del Consumidor (CNC).
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La OCDE también estima que el país debe avanzar en mecanismos para un mejor control del denominado “correo no deseado”, mediante el cual se emite información de productos no solicitada por el consumidor.
Un decreto vigente regula mecanismos para que el destinario defina con facilidad si acepta o rechaza esa práctica.
Por otra parte, la organización resaltó la creación del Observatorio de Comercio Electrónico. Dicho ente monitorea sitios web y verifica que la información proporcionada cumpla con los requisitos y parámetros establecidos en la ley, pero el informe señala la necesidad de ampliar aún más su competencia técnica.
La CNC debe empoderarse, dijo la OCDE, para que pueda conocer sobre cláusulas contractuales abusivas, así como administrar sanciones en caso de incumplimientos. Este aspecto, según el MEIC, ya está contemplado en un ley que se tramita en la Asamblea Legislativa.
El informe del Comité de Políticas del Consumidor de la organización también pide incrementar las sanciones para las prácticas engañosas comerciales y por fraude. Esto también está previsto en el proyecto de ley, aseguró el MEIC.