La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió de que supervisará cómo se ejecutarán los controles a la competencia de empresas en el mercado, posterior a la adhesión de Costa Rica, pues es poca la implementación de una nueva ley publicada en el 2019.

Frédéric Jenny, presidente del Comité de Competencia de la OCDE, aseveró que la organización está satisfecha con los cambios incluidos en la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, pero dijo que el reto es ahora poner en vigencia esas modificaciones.

Agregó que se dio el visto bueno a las políticas costarricenses en ese campo basado en las normas incluidas en la nueva ley. No obstante, se requiere su puesta en vigencia en vista de que la nueva legislación es muy reciente.

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Jenny participó en una conferencia virtual, este 29 de julio, en la cual la OCDE presentó el informe final de la evaluación del Comité de Competencia.

Este fue uno de los 22 comités incluidos en la evaluación de Costa Rica para la adhesión a ese grupo de países. Costa Rica ya recibió la invitación para su ingreso, el 15 de mayo pasado, luego de aprobar las 22 evaluaciones.

Según Jenny, una de las áreas a fortalecer en el futuro es reducir la cantidad de sectores que todavía están fuera de la supervisión de la competencia, entre los cuales están arroz, azúcar, café, colegios profesionales, así como sectores de control público como electricidad y combustibles.

Cambios bajo la lupa

Los principales cambios, solicitados por la OCDE desde una primera evaluación, en el 2014, y luego reiterados en el 2016, conllevan a la creación de una Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) con independencia política, administrativa y financiera.

Este órgano y su Unidad Técnica de Apoyo (UTA) realizan las investigaciones de mercado por posibles prácticas anticompetitivas, monopolios o concentraciones de empresas.

Para cumplir las recomendaciones de la OCDE, se ordenó en la ley del 2019 dotar de recursos propios a la Comisión, con lo cual el presupuesto pasaría de $700.000 anuales a unos $4 millones.

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La señal de la OCDE se da precisamente en un contexto en el cual el Ministerio de Hacienda dijo que no se podrán girar los nuevos recursos a la Coprocom, este 2020, año en que se debe concretar la transición de la anterior ley hacia las nuevas normas.

Además, se ordenó el nombramiento de los comisionados mediante un concurso técnico coordinado por el Consejo de Gobierno y que la Asamblea Legislativa ratifique a los escogidos.

Otra modificación es la ampliación de los alcances de control de esa Comisión, para lo cual se incluyeron sectores que no estaban bajo el control, se elevaron las multas por prácticas anticompetitivas y concentraciones.

La ley también exige la publicación de una guía acerca de las nuevas normas, con el fin de capacitar a los empresarios.

Antonio Gomes, jefe de la División de Competencia de la OCDE, aseguró que la organización encontró en Costa Rica un país dispuesto a desarrollar medias en este campo y ponerlas en marcha.

Agregó que para la OCDE las políticas de competencia son de gran importancia, por su impacto en los ámbitos económico, social y en los precios del mercado. Resaltó el impacto en los precios en el mercado y en la diversificación de opciones de compra para los consumidores.

Resaltó lo dicho por Jenny en el sentido de que el país tiene ahora el reto de implementar la legislación aprobada en el 2019, en la cual se fortalece el marco legal.